El Gobierno de España ha aprobado un decreto que endurece las normas sobre la desigualdad salarial entre géneros, exigiendo a las empresas que revelen los salarios de su personal desglosados por sexos y estableciendo un marco con el que determinar si distintos empleos tienen el mismo valor.

“El mensaje es muy claro: para recuperarnos de esta situación de emergencia, las mujeres tenemos que cobrar lo mismo que los hombres por los mismos trabajos”, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Montero dijo que el Gobierno tiene que mostrarse proactivo para evitar que la pandemia del coronavirus aumente la brecha salarial entre los sexos.

La ministra recalcó que en la presente situación de emergencia sanitaria no habrá recuperación económica si no se pone fin a la disparidad salarial de una vez por todas.

Las empresas que no cumplan con el requisito de transparencia salarial del nuevo decreto se enfrentarán a multas de hasta 187.000 euros (220.000 dólares), dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“Con los derechos fundamentales no se juega”, afirmó.

Desde que llegó al poder el pasado enero, el actual Gobierno de coalición de izquierda de España ha hecho del fortalecimiento de los derechos de la mujer una piedra angular de su programa político.

El Gobierno también ha estado trabajando para endurecer las leyes contra la violencia sexual. Pretende cambiar la definición penal de violación para cubrir todas las relaciones sexuales no consentidas, tras un caso de gran difusión mediática en el que los acusados de una violación en grupo - los miembros de la llamada “Manada”- se enfrentaron inicialmente a cargos menores porque los fiscales no podían probar que se habían valido de la violencia. El fallo fue posteriormente revocado y los agresores fueron condenados por violación el año pasado.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el Ejecutivo está elaborando una normativa para requerir que los propietarios de criptomonedas declaren sus saldos y beneficios, dentro de un paquete legislativo más amplio destinado a combatir el fraude fiscal.