El informe de evaluación de los efectos de la ley contra el fraude fiscal del Ministerio de Hacienda incluye varias recomendaciones para combatir estos delitos. Entre las propuestas se encuentra la obligación de informar sobre las operaciones realizadas con distintos tipos de tarjetas, abarcando tarjetas de crédito, débito, prepago, virtuales, y otras, independientemente de su denominación y moneda.

Esta medida se plantea como una modificación al artículo 38 del Reglamento General de la Agencia Tributaria, estableciendo la obligación de las entidades de crédito de informar sobre saldos y disposiciones de fondos.

Además, Hacienda propone prohibir el uso de tarjetas emitidas por entidades residentes en jurisdicciones no cooperativas o paraísos fiscales, así como en casos en los que no se identifique al titular. En relación con las inspecciones, se busca ampliar la duración de los procedimientos de tasación pericial contradictoria de seis meses a 27 meses, especialmente cuando se requiere información internacional que demora las investigaciones.

Por otro lado, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que una reorganización del Departamento y de la Agencia Tributaria podría permitir recaudar alrededor de 6.200 millones de euros anuales. Gestha propone que los técnicos de Hacienda realicen auditorías operativas para controlar el gasto público y que se centre la comprobación e investigación en la evasión de grandes fortunas y multinacionales, desplazando el objetivo de autónomos y pymes.

Estos cálculos se presentan tras la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien promoverá un acuerdo de Estado contra el fraude fiscal en la actual legislatura.