Las inversiones del Gobierno delatan la causa del apagón nacional
El Gobierno ha comenzado a actuar como si ya conociera la causa del apagón histórico del 28 de abril, que dejó sin suministro eléctrico a más de 60 millones de personas en la Península Ibérica y el sur de Francia. Aunque aún no hay una explicación oficial, las medidas adoptadas y las inversiones anunciadas revelan una conclusión implícita: el exceso de renovables en el sistema eléctrico pudo haber sido el detonante del colapso.
Según informes preliminares compartidos entre Red Eléctrica, compañías privadas y el propio Ejecutivo, todo apunta a que una desestabilización en la frecuencia del sistema eléctrico derivó en una desconexión masiva de generación, lo que provocó un “cero técnico” sin precedentes. Un informe interno de Goldman Sachs eleva hasta el 86 % la proporción de energía eólica y solar en el sistema español durante el pico crítico, muy por encima del umbral de seguridad del 65 %.
Compensadores síncronos: el síntoma de un problema estructural
En respuesta, el Consejo de Ministros ha aprobado la instalación de compensadores síncronos, unas máquinas eléctricas rotativas que no generan energía para el consumo, pero estabilizan la red en caso de perturbaciones. Su función principal es mantener la frecuencia del sistema y absorber o inyectar potencia reactiva para estabilizar la tensión.
Esta medida, inédita hasta ahora, forma parte de un plan de emergencia de 750 millones de euros, que se suma a los 489 millones ya aprobados en abril. En total, la inversión planificada hasta 2026 asciende ya a 8.203 millones de euros, un indicio claro de que el Gobierno reconoce la debilidad estructural del sistema actual ante eventos de gran volatilidad.
La energía verde, ¿víctima de su propio éxito?
El sistema eléctrico español ha sido un referente en transición energética, pero el cierre progresivo de las centrales nucleares y la reducción de térmicas ha dejado al sistema con menos capacidad de generación síncrona, clave para la estabilidad. Las renovables, al ser fuentes intermitentes y dependientes del clima, carecen de inercia rotacional, lo que las hace vulnerables ante oscilaciones o picos de demanda.
Pese a las advertencias de expertos y opositores, el Gobierno mantiene su hoja de ruta para cerrar todas las nucleares antes de 2035, sin tener aún garantizadas suficientes alternativas estables. Esta decisión ha sido criticada por formaciones de todo el arco político, incluyendo PP, Vox, Junts, ERC, el PNV e incluso los sindicatos, que piden una revisión inmediata de la política energética.
Impacto económico y riesgo para los consumidores
Según estimaciones del economista José María Rotellar, la adaptación de la red y el refuerzo del almacenamiento energético podría costar hasta 60.000 millones de euros, una cifra que inevitablemente repercutirá en la factura eléctrica de los consumidores.
Este contexto de fragilidad llega en un momento crítico, con una factura de la luz que se ha multiplicado por cuatro en junio y con un verano en el que se espera una alta demanda energética por las olas de calor.
Un modelo en revisión urgente
El episodio del apagón ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: una transición energética mal gestionada puede ser tan peligrosa como el inmovilismo. Aunque el avance hacia energías limpias es irreversible, la falta de previsión y de respaldo estable convierte al sistema en un castillo de naipes vulnerable a cualquier perturbación.
Mientras tanto, la Comisión Europea sigue sin cerrar su informe definitivo sobre el apagón, y la confianza de los ciudadanos y empresas en el sistema eléctrico se encuentra bajo mínimos. La falta de transparencia por parte de Red Eléctrica y la politización de su consejo de administración, con la expresidenta socialista Beatriz Corredor al frente, no han hecho más que aumentar la desconfianza.