Los inspectores de Hacienda exigen la dimisión de Montero por romper la caja común con Cataluña

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha pedido este miércoles la dimisión inmediata de María Jesús Montero como ministra de Hacienda, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la Generalitat de Cataluña para implantar un régimen fiscal singular en esta comunidad. Según denuncian, este pacto rompe la caja común del sistema de financiación autonómica y representa una grave vulneración de los principios de igualdad y solidaridad recogidos en la Constitución.

En una rueda de prensa celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid, los inspectores han sido tajantes: "Montero ha sido incompetente" y ha permitido que se dé vía libre a una actuación que consideran ilegal, inconstitucional y destructiva para el modelo tributario español. La presidenta de la asociación, Ana de la Hernán, ha subrayado que este acuerdo no responde a criterios técnicos, sino políticos, y advierte de que su implementación tendrá consecuencias irreversibles para el conjunto del Estado.

Un modelo sin base legal y que crea desigualdad

Los inspectores ya habían alertado el pasado 14 de julio, mediante un comunicado oficial titulado ‘El acuerdo Generalitat/Gobierno presenta un modelo ilegal que vulnera los principios de igualdad y solidaridad’, de los riesgos que entrañaba este nuevo régimen. En él, advertían que permitir a Cataluña recaudar y gestionar íntegramente el IRPF a través de su propia agencia tributaria carece de respaldo normativo y rompe con el principio de unidad de caja que ha regido la financiación autonómica desde 1978.

"Mientras no se modifique la normativa nacional, este acuerdo es ilegal", señala el texto. Añade que, si Cataluña gestiona de forma unilateral todos sus tributos, el resto de comunidades autónomas se verán privadas de recursos esenciales, generando una ciudadanía de primera y otra de segunda según el territorio.

Peligro para las pensiones, los servicios públicos y la deuda del Estado

La asociación también advierte de los efectos colaterales que una decisión así puede desencadenar:

• "El Estado perderá capacidad para financiar el pago de pensiones, los intereses de la deuda pública o responder ante futuras crisis como los ERTE durante la pandemia"

• Además, la medida supone un paso hacia el fraccionamiento de la Agencia Tributaria, debilitando su estructura e independencia

• Se abre así la puerta a un modelo de descentralización asimétrica sin control jurídico, aseguran

Sin consenso técnico, sólo apoyo político

Desde la asociación, insisten en que "no existe ningún informe favorable por parte de expertos fiscales, constitucionalistas ni organismos independientes" que avale este modelo. Consideran que todo se ha hecho a cambio del respaldo parlamentario necesario para investir al presidente de la Generalitat, y califican el acuerdo como "una concesión partidista que pone en riesgo el Estado de Derecho".

En palabras de Ana de la Hernán:

“Se ha cruzado una línea roja. No hay precedentes de que una ministra de Hacienda haya actuado con tanta ligereza ante un cambio estructural de tal magnitud”.

Una petición sin precedentes en la historia reciente

La solicitud pública de dimisión de una ministra en ejercicio por parte de un colectivo de inspectores fiscales no tiene precedentes en democracia, lo que da la medida del malestar interno dentro del cuerpo de Hacienda. Los inspectores, que hasta ahora habían mantenido una postura institucional, han decidido alzar la voz ante lo que consideran una agresión directa al principio de justicia tributaria.

La ministra Montero no ha respondido aún de forma oficial a esta petición. Desde el Gobierno, fuentes consultadas defienden que "el modelo catalán será negociado dentro del marco constitucional", pero no han ofrecido detalles sobre cómo encajará legalmente el régimen singular anunciado ni sobre su impacto en la financiación de otras comunidades.