La Agencia Tributaria de España ha realizado una modificación significativa en el artículo 38 del Reglamento General, permitiéndole acceder a las transacciones con tarjeta de crédito y débito de aproximadamente 46 millones de ciudadanos españoles sin necesidad de justificación previa. Esta medida, que se enmarca dentro de los esfuerzos del fisco para combatir el fraude fiscal, ha generado un intenso debate sobre la privacidad y los derechos de los contribuyentes.

Además, la nueva regulación impone exigencias adicionales a plataformas de economía colaborativa como Wallapop y Airbnb, en un intento de incrementar la transparencia y el control fiscal en este sector.

El analista Alvise Pérez ha criticado duramente esta medida, sugiriendo que la evasión fiscal se ha convertido en "moralmente obligada" en respuesta a lo que él describe como acciones mafiosas por parte del fisco. Pérez ha instado a los ciudadanos a utilizar efectivo en la medida de lo posible, como una forma de resistencia hasta que se logre "tumbar a esta mafia".

La decisión de Hacienda de acceder a la información de pagos con tarjetas sin justificación previa plantea cuestiones importantes sobre la privacidad y la legalidad de tales medidas. Mientras el gobierno defiende la acción como una herramienta vital en la lucha contra el fraude fiscal, críticos y analistas advierten sobre las potenciales infracciones a la privacidad y los derechos individuales de los ciudadanos.