Golpe a Hacienda: los extranjeros podrán reclamar devoluciones millonarias por alquileres en España
La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia de enorme trascendencia para miles de propietarios extranjeros con inmuebles en España. El fallo, fechado el pasado 28 de julio, veta la discriminación que sufrían los extranjeros no comunitarios al no poder deducirse gastos por el arrendamiento en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), algo que sí estaba permitido a los residentes de la Unión Europea (UE).
Con esta decisión, se abre la posibilidad de que contribuyentes extracomunitarios reclamen a Hacienda la devolución de cantidades ya ingresadas en ejercicios anteriores. El caso que ha originado la sentencia fue presentado por una ciudadana residente en Estados Unidos, que recurrió por los rendimientos obtenidos por el alquiler de un inmueble en Barcelona. El tribunal entiende que impedir estas deducciones vulnera el Derecho de la UE y el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que garantiza la libre circulación de capitales.
Un impacto millonario
La resolución permite solicitar la rectificación de las autoliquidaciones del IRNR desde 2016 en adelante, con la posibilidad de deducir gastos asociados a los inmuebles. Aunque la Abogacía del Estado previsiblemente recurrirá ante el Tribunal Supremo, expertos en fiscalidad internacional consideran muy probable que el criterio sea confirmado.
«El impacto sería monumental. Ya no hablaríamos de unas cuantas miles de reclamaciones, sino de cientos de miles de ciudadanos de todo el mundo con propiedades en España. Hacienda tendría que devolver sumas multimillonarias y asumir un golpe muy serio en su recaudación», explican desde Golden Partners, despacho especializado en real estate y fiscalidad.
Más allá de las devoluciones que podrían alcanzar los cientos de millones de euros, el fallo introduce un factor clave en la percepción internacional de España como destino inversor. «Eliminar la Golden Visa o poner en jaque a los contribuyentes con la Ley Beckham ya había generado dudas en los mercados. Sin embargo, esta sentencia envía una señal positiva de seguridad jurídica», apuntan desde el mismo bufete.
Un golpe político y fiscal
El fallo coincide con el esfuerzo del Gobierno por afrontar la crisis de vivienda. Entre sus medidas, se planteó limitar la compra de inmuebles a extranjeros extracomunitarios y gravar la adquisición hasta con un recargo fiscal equivalente al 100 % del valor del inmueble.
Desde el sector critican que estas políticas generan incertidumbre: «La política fiscal gubernamental trata de recortar derechos, mientras los tribunales los restituyen y salvaguardan. Esa tensión entre Ejecutivo y Justicia acaba impactando en la confianza inversora», sostienen desde Golden Partners.
Advertencia a los afectados
Los abogados advierten que los plazos de reclamación son limitados. «El periodo de prescripción corre en contra de los propietarios. Si no actúan pronto, podrían perder el derecho a recuperar esas cantidades», subrayan.
El fallo no resuelve, sin embargo, otras dos situaciones discriminatorias que afectan a los extracomunitarios: la imposibilidad de tributar en el IRNR al tipo reducido del 19 % (frente al 24 % que se les aplica), y la falta de acceso a la reducción del 50 % por arrendamiento de vivienda, un beneficio reservado únicamente al IRPF de residentes.
Un debate abierto
La resolución judicial reabre el debate sobre el modelo de atracción de inversión extranjera. Mientras el Ejecutivo defiende medidas restrictivas para frenar la especulación inmobiliaria, los tribunales recuerdan la primacía del Derecho comunitario y la necesidad de garantizar un trato igualitario.
«El país debe decidir si quiere seguir siendo una puerta de entrada para la inversión global o si prefiere enviar mensajes hostiles a quienes aportan capital y trabajo», advierten los expertos.