El Gobierno penalizará con más impuestos los alquileres entre familiares y las viviendas vacías

El Gobierno ha puesto en marcha una nueva estrategia para presionar fiscalmente a los propietarios de vivienda que no saquen sus inmuebles al mercado o que los alquilen a familiares. Según publica OKDIARIO, el PSOE ha registrado una proposición de ley que modifica la Ley 35/2006 del IRPF, con el objetivo de fijar un mínimo obligatorio a declarar en los casos de alquileres a familiares y subir los impuestos a quienes mantengan sus pisos vacíos.

Se trata de una iniciativa impulsada directamente por el grupo parlamentario socialista, no por el Gobierno de coalición, según precisó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El partido busca tramitarla “en cuanto se habilite su cupo de iniciativas en el Congreso”, previsiblemente en la primera quincena de junio.

Nuevas obligaciones fiscales para el alquiler entre familiares

Hasta ahora, cuando un propietario alquilaba una vivienda a un familiar —por ejemplo, un hijo o un sobrino—, podía declarar lo que realmente percibía como renta, incluso si esta cantidad era simbólica. La revisión por parte de Hacienda sólo se producía si existía sospecha de un alquiler ficticio o claramente inferior al valor de mercado, y requería comprobación específica.

La proposición de ley socialista plantea ahora un cambio estructural en el artículo 24 de la Ley del IRPF:

“Cuando el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario del bien inmueble o del derecho real que recaiga sobre el mismo sea el cónyuge o un pariente, incluidos los afines, hasta el tercer grado inclusive del contribuyente, el rendimiento neto total no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el porcentaje medio efectivo (…) al valor catastral del inmueble.”

Esto significa que, aunque el alquiler real sea inferior, el contribuyente estará obligado a declarar al menos un ingreso mínimo, basado en un porcentaje del valor catastral del inmueble (1,1% o 2%).

Viviendas vacías en el punto de mira: fiscalidad reforzada y control cruzado de datos

Además del alquiler familiar, la propuesta incluye nuevas penalizaciones para viviendas desocupadas, con el propósito de forzar su salida al mercado de alquiler. Según OKDIARIO, el Gobierno está decidido a gravar aún más los inmuebles que no se utilicen como residencia habitual ni estén alquilados.

En paralelo, desde SUMAR, el grupo de Yolanda Díaz, se ha presentado una proposición no de ley que propone la creación de un registro público de contratos de alquiler, gestionado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El objetivo es monitorizar los precios en tiempo real y obtener datos fiables sobre la oferta real de alquiler residencial en toda España.

El sistema incluiría:

• Registro del periodo efectivo de arrendamientos de corta duración.

• Cruce de datos con Catastro y padrón municipal para detectar viviendas deshabitadas.

• Mapeo nacional de disponibilidad real de vivienda en alquiler.

El contexto político y la intención declarada

Según la ministra Rodríguez, el PSOE ha registrado esta propuesta “en solitario para acelerar su tramitación”, subrayando que no es una propuesta del Gobierno de coalición, sino del grupo socialista como partido. Añadió que ya están buscando apoyos parlamentarios para asegurar su aprobación en la Cámara Baja.

Los socialistas defienden que estas medidas buscan “activar vivienda vacía” y “evitar prácticas fiscales encubiertas en alquileres familiares”, como el uso instrumental de contratos para reducir la base imponible o eludir cargas tributarias.

Reacciones y críticas: temor a una presión fiscal injusta

Sectores críticos con la propuesta advierten que estas medidas podrían:

• Desincentivar el alquiler a familiares, especialmente a personas mayores que ayudan a sus hijos con alquileres simbólicos.

• Penalizar la propiedad privada y agravar la inseguridad jurídica del pequeño propietario.

• Empujar aún más viviendas hacia la opacidad o el mercado negro.

Además, la posibilidad de un sistema de vigilancia digital cruzado con datos del catastro, el padrón y contratos privados ha sido interpretada por algunos grupos como un intento de “vigilancia masiva” sobre la propiedad privada, en lo que desde la oposición ya se califica como un "Gran Hermano inmobiliario".

La proposición de ley registrada por el PSOE, según ha adelantado OKDIARIO, abre una nueva fase en la política de vivienda del Gobierno. Al endurecer la fiscalidad sobre los alquileres entre familiares y penalizar la tenencia de viviendas vacías, el Ejecutivo busca incrementar la oferta de alquiler, pero podría generar efectos colaterales no deseados.

Si el texto se aprueba sin cambios, marcará un precedente en la fiscalidad del uso privado de la vivienda, y abre el debate sobre los límites del intervencionismo en el mercado residencial en nombre del acceso a la vivienda.