El Gobierno español tiene la intención de solicitar un asiento en el consejo de administración de Telefónica, según ha confirmado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Esta decisión surge después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiriera el 3 % del capital social de la compañía mediante una inyección de 500 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda.

Aunque aún no se ha especificado quién ocupará ese cargo en el consejo de Telefónica, Cuerpo mencionó que el Gobierno posee un 2 % adicional del capital social de la empresa a través de derivados financieros. Esto situaría su participación total en la compañía en un 5 %, un porcentaje similar al de otros accionistas importantes como CaixaBank y BBVA, cada uno de los cuales cuenta con un consejero en el consejo de administración de la empresa.

En cuanto a la financiación de esta operación, el informe de ejecución presupuestaria de febrero revela un crédito definitivo de 2.000 millones de euros concedido por la Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública para la SEPI. Este crédito está destinado a respaldar la adquisición de acciones de Telefónica por parte del holding público. Según el mandato del Consejo de Ministros, la SEPI tiene la misión de alcanzar una participación de hasta el 10 % en el capital social de la empresa de telecomunicaciones, en respuesta a una acción similar llevada a cabo por la compañía saudí STC.

Es importante destacar que estos 2.000 millones constituyen una obligación reconocida neta, lo que significa que se trata de un crédito exigible contra la Hacienda Pública, pendiente de pago. Santiago Sánchez, economista, aclara que esta aportación patrimonial se corresponde con una reducción similar en los créditos previstos para las aportaciones patrimoniales a comunidades autónomas y entidades locales, según lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.