El Gobierno tiene previsto prorrogar dos años más las medidas de protección antiopas que puso en marcha en plena pandemia para evitar que inversores extranjeros puedan aprovecharse de la coyuntura para tomar el control de empresas españolas de sectores estratégicos.

Esta medida, que arrancó en 2020, vencía en junio de este año y se prorrogó hasta el 31 de diciembre, un plazo que se extenderá ahora hasta finales de 2024, según han confirmado a EFE fuentes gubernamentales este lunes.

La prórroga, que avanzaba el diario Cinco Días, pasará por el Consejo de Ministros e irá en el paquete de ayudas para hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania que el Ejecutivo se ha comprometido a renovar antes de fin de año.

Fuentes del Gobierno apuntan que será la última semana del año cuando se apruebe el decreto ley que incluirá también las ayudas para el abono de la factura de la luz por parte de las familias y el descuento a los carburantes, que previsiblemente se restringirá a los transportistas profesionales.

Se puso en marcha en plena pandemia

En marzo de 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia de coronavirus, el Gobierno aprobó un real decreto por el que exigía autorización previa por su parte de inversiones directas extranjeras realizadas por residentes de fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, o EFTA -por su sigla en inglés-), por motivos de seguridad, orden público y/o salud pública.

Adicionalmente, en noviembre de 2020 introdujo en ese mismo texto una disposición transitoria que establecía que el Gobierno debía autorizar también las inversiones directas extranjeras protagonizadas por sociedades de la UE y de la AELC sobre empresas cotizadas o incluso sobre las no cotizadas si la inversión superaba los 500 millones de euros.

Este régimen de autorización previa, que se diseñó en un contexto marcado también por la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy, se aplica tanto a las inversiones realizadas por empresas de la UE y de la AELC como a las que puedan acometer sociedades con sede en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países europeos.

Se entiende que existe esa titularidad real cuando los propietarios últimos posean, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto, o cuando ejerzan el control por otro medio.

Con todo ello, el Gobierno busca proteger a las compañías españolas de sectores estratégicos ante posibles inversiones directas en las que un inversor, aprovechando la coyuntura, adquiera una participación igual o superior al 10 % del capital social o tome el control de una compañía española.