Glovo rompe con el modelo de autónomos: ¡Esto es lo que cambiará para los repartidores!
La empresa de reparto Glovo ha anunciado este lunes un cambio trascendental en su modelo operativo en España, sustituyendo su controvertido esquema de autónomos por contrataciones laborales para sus repartidores. Este movimiento, que afecta a más de 900 ciudades en las que opera la plataforma, busca cumplir con la normativa laboral y fortalecer su compromiso con la economía digital española.
El cambio de modelo abarca todas las áreas de la aplicación, desde la experiencia del usuario hasta la colaboración con restaurantes y establecimientos asociados. Además, Glovo ha convocado una mesa de diálogo con agentes sociales, abierta a otros operadores del sector, para garantizar una transición consensuada y que el proceso se desarrolle de manera ordenada.
El anuncio llega en un contexto judicial complicado para la empresa. Este martes, su CEO, Óscar Pierre, deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona como investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía acusa a Glovo de emplear prácticas fraudulentas que relegaban a los repartidores a la categoría de falsos autónomos, vulnerando sus derechos laborales.
El sindicato CGT se ha personado en el procedimiento penal iniciado por la Fiscalía, denunciando las condiciones impuestas por Glovo a su plantilla. Según CGT, estas prácticas podrían derivar en penas de prisión de hasta seis años para los responsables.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado el cambio, calificándolo como "el movimiento afiliativo más importante realizado por la Inspección de Trabajo en España". Díaz destacó que esta regularización beneficiará a más de 60.000 repartidores y permitirá recaudar hasta 267 millones de euros adicionales en cotizaciones.
Desde su matriz alemana, Delivery Hero, se estima que este cambio tendrá un impacto de 100 millones de euros en el Ebitda ajustado para 2025. Además, la compañía ha elevado sus previsiones de contingencias legales hasta 770 millones de euros, reflejando el coste de multas, cotizaciones atrasadas y reclamaciones derivadas de este proceso.