La factura del covid llega seis años después a miles de autónomos

Seis años después del estallido de la pandemia, la Administración ha puesto en marcha la revisión de las ayudas extraordinarias por covid concedidas a los autónomos entre 2020 y 2021, un proceso que está derivando en reclamaciones de devolución a decenas de miles de beneficiarios.

No se trata de una retirada generalizada de prestaciones, sino de una comprobación a posteriori del cumplimiento de los requisitos exigidos entonces. El problema es el contexto en el que se aprobaron aquellas ayudas: normas cambiantes, criterios interpretativos poco claros y un sistema basado en la declaración responsable, diseñado para pagar rápido en un momento de colapso económico.

Durante los meses más duros de la crisis sanitaria, alrededor de un millón y medio de autónomos percibieron prestaciones extraordinarias por cese total de actividad o caída de ingresos, sin una verificación inmediata de toda la documentación. La prioridad era que el dinero llegara, no revisar al detalle cada expediente.

Ahora, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social están exigiendo esa documentación con carácter retroactivo. El procedimiento obliga a acreditar que se cumplían los umbrales de facturación y las condiciones de actividad marcadas por la normativa vigente en cada momento. Cuando no se puede demostrar, se inicia el expediente de devolución.

Fuentes del sector sitúan las devoluciones efectivas en torno a un 3% del total de ayudas concedidas, pero advierten de que la revisión se está aplicando de forma masiva, generando inquietud e inseguridad entre miles de profesionales. Se habla de entre 40.000 y 45.000 autónomos afectados, aunque desde el Gobierno se rebaja ligeramente esa cifra.

El impacto no es homogéneo. Hay expedientes que afectan a autónomos ya jubilados, que han cerrado su negocio o atraviesan situaciones económicas muy delicadas, lo que complica aún más el proceso. En algunos casos extremos, los beneficiarios han fallecido, obligando a familiares a afrontar trámites inesperados. También se han dado procedimientos judicializados, aunque siguen siendo minoritarios.

Desde las mutuas se defiende que el control responde a una obligación legal y a las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, que exigió verificar el correcto uso de los fondos públicos. Desde las asociaciones de autónomos, sin embargo, se alerta del riesgo de trasladar al beneficiario las consecuencias de un diseño normativo excepcional, aprobado en un escenario de máxima urgencia.

La propia Seguridad Social reconoce que las prestaciones se concedieron de forma provisional para agilizar los pagos y que el proceso de revisión se activó posteriormente, primero sobre el real decreto inicial y después sobre los sucesivos. Del total concedido en la primera fase, algo más de 40.000 expedientes acabaron en reclamación, un porcentaje reducido, pero numéricamente muy elevado.

A finales de 2025, según datos de las organizaciones del sector, unos 60.000 autónomos seguían pendientes de resolución, en un sistema que gestionó más de 3.700 millones de euros en ayudas, principalmente por suspensión de actividad y por desplome de ingresos.

La revisión ha reabierto un debate incómodo: la tensión entre rapidez y seguridad jurídica en situaciones de emergencia. Las ayudas cumplieron su función en un momento crítico, pero la factura administrativa llega años después, cuando muchos autónomos creían el capítulo cerrado.

Para miles de ellos, la pandemia aún no ha terminado del todo. Ahora se libra en forma de cartas, expedientes y devoluciones.