España, condenada a pagar 469 millones por los recortes a las renovables
La sentencia, que avala cuatro laudos arbitrales internacionales, abre la vía a embargos de bienes del Estado español en territorio australiano
La Justicia australiana ha dictado una sentencia desfavorable al Estado español en relación con cuatro procesos judiciales abiertos por inversores internacionales afectados por los recortes retroactivos a las primas de energías renovables. El fallo, emitido por el Tribunal Federal de Australia, condena a España a pagar 469 millones de euros, además de intereses y costas judiciales, y permite avanzar hacia posibles embargos de bienes del Estado español en territorio australiano.
Detalles de la sentencia
El juez ha rechazado los argumentos del Gobierno español basados en la inmunidad soberana, dando la razón a los demandantes y validando la ejecución de cuatro laudos arbitrales emitidos en su día por organismos internacionales. Las cantidades que debe abonar España se desglosan así:
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59,6 millones de euros en el caso RREEF
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41,76 millones en el caso 9REN
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77 millones en el caso Watkins
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290,6 millones en el caso NextEra
Según fuentes jurídicas, la sentencia subraya que España no puede eludir el pago escudándose en su soberanía. Además, el tribunal critica duramente la estrategia legal de la Abogacía del Estado, a la que califica de “poco útil y gravosa”.
Posibilidad de embargos a bienes españoles
La sentencia abre la puerta a acciones de embargo sobre bienes del Estado español en Australia. Ya desde mediados de 2023 se venía valorando esta posibilidad, especialmente sobre activos de Navantia en el país. Las autoridades judiciales australianas han evaluado embargos por un valor de 120 millones de euros, y a finales del año pasado llegaron a calificar a España como un “deudor recalcitrante” por su negativa a cumplir con los laudos.
Este riesgo de embargo no es aislado, ya que España ha enfrentado medidas similares en otros países:
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En Bélgica, la Justicia ordenó en junio el embargo de las tasas aéreas que Enaire recauda a través de Eurocontrol.
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En Reino Unido, en 2023, el Gobierno vio cómo se embargaba el edificio del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, ubicado en Portobello Road, Londres, por el impago de un laudo similar.
Contexto del conflicto
El origen del conflicto se remonta a las decisiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en su día aplicó un recorte retroactivo a la retribución de las energías renovables. Esta medida afectó a numerosos fondos y empresas internacionales que habían invertido en proyectos en España bajo un marco retributivo específico, y que más tarde recurrieron a arbitrajes internacionales al considerar que el cambio violaba sus expectativas legítimas.
En total, España ha acumulado decenas de laudos arbitrales en los últimos años, con sentencias en contra en varios países, lo que le ha convertido en uno de los Estados más sancionados por conflictos relacionados con políticas energéticas retroactivas.