El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido de que el Gobierno «obliga» a subir los salarios, pero «no todas las empresas van bien», por lo que no pueden afrontar una subida importante del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

«Estamos en un año electoral y nos vamos a encontrar soluciones mágicas», ha indicado Garamendi, que ha visitado Zaragoza para participar en una jornada de CEOE Aragón sobre sostenibilidad en las empresas.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que hay contratos de servicios de empresas con administraciones públicas en los que el salario mínimo ha subido un 35%, pero en cambio, las administraciones «se niegan» a actualizar el importe de dichos contratos, como es el caso de los sectores de la limpieza, la seguridad o la comida en colegios y hospitales.

«Te obligan a subir los salarios pero los contratos siguen estando donde están y no puedes salirte de ese contrato mientras no haya un nuevo concurso público», ha continuado Garamendi.

«Trabajo debería saber qué es una empresa», ha considerado el presidente de CEOE en alusión a la subida del salario mínimo interprofesional.

Así, ha indicado que los empresarios no dice que no suba el SMI, sino que hay que hacerlo de tal manera que los distintos sectores puedan afrontarlo. El presidente de CEOE ha aseverado que si el Gobierno de España no atiende a estos sectores, como es el caso de la agricultura, «estará haciendo un flaco favor a España».

Asimismo, Garamendi ha criticado que algunos impuestos planteados para la transición ecológica tienen como objetivo «la recaudación», mencionando el caso de los gases fluorados o el recién estrenado gravamen sobre los envases de plástico, que forman parte de «un suma y suma de impuestos» para obtener «una recaudación mayor». «Es un golpe muy importante para un sector como la alimentación», ha señalado Garamendi sobre el impuesto al plástico, que cree que puede repercutir en el coste de los productos. «Nadie está diciendo que no se tenga que hacer la transición ecológica, pero algunos piensan que se hace a base de cobrar más», ha criticado.  Sobre la reforma laboral, ha dicho que sus efectos se «van a ir viendo en el tiempo» y ha añadido que «la paz social va a funcionar». Eso sí, ha emplazado al Gobierno a estudiar la evolución de los fijos discontinuos.

Díaz aboga por aplicar el «tramo más alto» de la Comisión de Expertos. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2023 «hacia el tramo alto» de la recomendación del Comité de Expertos, que incrementaría esta renta mínima un 8,2%, hasta los 1.082 euros brutos en 14 pagas.

«Vamos a tener una subida del SMI y conocen mi vocación, es la mejor medida y la más eficaz para combatir la pobreza laboral, que sustancialmente afecta a jóvenes y mujeres», ha dicho Díaz.

No obstante, la ministra de Trabajo no ha aclarado si el Gobierno subirá el SMI antes de que concluya el mes y tampoco ha precisado si convocará a los agentes sociales esta semana para cerrar esta negociación.

Tanto sindicatos como empresarios han recordado en las últimas semanas que su papel es consultivo y que todos han expuesto ya sus posiciones, por lo que no ven necesarias más mesas de diálogo e instan al Ejecutivo a tomar una decisión.

Los agentes sociales solo se han reunido en una ocasión, el pasado 21 de diciembre. El Gobierno llevó a esa mesa de negociación las recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos, que planteaban una horquilla de subida de entre el 4,6% y el 8,2% para 2023. Eso equivaldría a fijar el SMI de este ejercicio entre los 1.046 euros y los 1.082 euros brutos al mes por catorce pagas.

El Gobierno ha prorrogado el SMI de 2022, de 1.000 euros brutos en 14 pagas, hasta que se fije la nueva cantidad para este ejercicio. El objetivo del Ejecutivo es que quede en el 60% del salario medio español.

Díaz aseguró a finales de 2022 que, una vez aprobado el SMI de 2023, tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero y abrió la puerta a una revisión de esta renta a mediados de año, en función del comportamiento de la inflación.

Además, Díaz ha vuelto a manifestar su intención de lanzar una cesta de la compra pactadacon los actores de la distribución que tuviera «un efecto inmediato».