Las eléctricas rechazan el pacto de responsabilidades propuesto por el Gobierno y se desata el conflicto
La tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las principales compañías eléctricas ha escalado tras el rechazo de estas últimas a un acuerdo para repartirse las culpas del reciente apagón. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y desvelada por OKDIARIO, buscaba evitar que ninguna parte asumiera responsabilidades directas, tanto políticas como económicas, a cambio de no enviar inspectores ni exigir revisiones regulatorias inmediatas. Sin embargo, el sector ha cerrado filas y ha rechazado tajantemente esta fórmula, exigiendo una investigación independiente que excluya a Red Eléctrica de España (REE), a la que acusan de ser juez y parte en el proceso.
Un pacto roto antes de empezar
Según fuentes del sector, el Gobierno ofreció a las eléctricas un reparto simbólico de culpas basado en la teoría de que el apagón se originó por tres perturbaciones distintas en puntos separados de la red. Esta interpretación, defendida públicamente por la ministra Sara Aagesen, pretendía diluir las responsabilidades hasta el punto de que ni REE ni las empresas privadas pudieran ser señaladas como culpables únicas, lo que además protegería al Ejecutivo frente a las críticas de la oposición y de la ciudadanía.
Además del aspecto político, la maniobra buscaba blindarse ante posibles reclamaciones judiciales millonarias por parte de afectados por el apagón, impidiendo que las compañías tuvieran que hacer frente a indemnizaciones y evitando que REE quedara sola ante esa responsabilidad.
El rechazo de las eléctricas: investigación externa e independencia
Las grandes compañías del sector —con Endesa e Iberdrola a la cabeza— han mostrado un claro desacuerdo con el planteamiento del Gobierno. Consideran inaceptable que REE, que según los expertos tuvo un papel determinante en la gestión del sistema durante la crisis, forme parte de la investigación como actor evaluador, dadas sus responsabilidades operativas en la red eléctrica.
Desde Endesa, su consejero delegado, José Bogas, ha insistido en que la investigación debería estar en manos de un comité independiente y no bajo el control de REE. Por su parte, Iberdrola también ha cargado contra el operador del sistema: su consejero delegado en España, Mario Ruiz-Tagle, ha recordado que la responsabilidad de amortiguar las oscilaciones en la red es del propio operador, y que las tecnologías convencionales como la nuclear o la hidráulica pueden aportar inercia si son correctamente conectadas por REE.
Acusaciones cruzadas y tensión política
Tras el rechazo de las eléctricas, el Ejecutivo ha optado por retomar su estrategia inicial de señalar a las empresas privadas como responsables. El propio presidente Pedro Sánchez ya apuntó en esa dirección desde el primer momento, descartando finalmente la hipótesis del ciberataque. La presidenta de REE, Beatriz Corredor, ha culpado directamente a las eléctricas de no haber absorbido la potencia reactiva exigida, lo que habría impedido estabilizar la red tras la perturbación.
Sin embargo, expertos del sector subrayan que es precisamente REE quien define el mix energético y tiene la responsabilidad última sobre la operatividad del sistema en tiempo real. Esto refuerza el argumento de las eléctricas de que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre ellas.
Un conflicto que apenas comienza
El enfrentamiento entre el Gobierno y el sector eléctrico abre una nueva crisis institucional y energética, con posibles consecuencias legales, económicas y políticas. Las empresas amenazan con acudir a los tribunales si se les impone unilateralmente la responsabilidad por el apagón, y demandan transparencia y rigor técnico en el análisis de lo sucedido.
En paralelo, la ciudadanía y la oposición exigen respuestas claras, mientras la batalla entre Moncloa y las eléctricas parece lejos de resolverse. La guerra por el control del relato sobre el apagón no ha hecho más que comenzar, y las consecuencias podrían afectar tanto a la regulación energética futura como a la confianza en la gestión gubernamental del sistema eléctrico nacional.