Cantabria enfrenta un aumento significativo en los índices de vulnerabilidad social y dificultades económicas, según revela la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2023. La tasa AROPE, que mide la proporción de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, ha experimentado un incremento de 2,5 puntos en el último año, situándose en un 22%. Este fenómeno preocupa a nivel regional y nacional, dado que la comunidad cántabra ha descendido del cuarto al octavo lugar en el ranking nacional de riesgo de pobreza.

Este deterioro socioeconómico se refleja con mayor énfasis en el aumento de la carencia material severa, que ha escalado hasta el 9,3%, una cifra notablemente superior al 6,2% registrado en 2022. Este indicador sitúa a Cantabria como la cuarta región con mayor incidencia en carencia material severa en todo el país, contrastando con su anterior posición como la sexta más baja. Un hecho que refleja un cambio significativo en las condiciones de vida de la población cántabra en el último año.

Analizando con más detalle los datos proporcionados por la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, se observa que la renta anual neta media por hogar en Cantabria ha experimentado un ligero aumento, situándose en 33.373 euros, en comparación con los 32.582 euros de 2022. A pesar de este incremento, la comunidad cántabra muestra una disonancia con la tendencia ascendente registrada a nivel nacional, ya que la renta media de los hogares de Cantabria se encuentra por debajo de la media nacional, establecida en 34.821 euros.

Sin embargo, las dificultades económicas persisten en los hogares cántabros, con un 42,4% de ellos presentando algún tipo de obstáculo para llegar a fin de mes. Aunque esta cifra es inferior al promedio nacional del 48,5%, denota un escenario desafiante para numerosas familias en la región.

En cuanto a la capacidad de afrontar gastos imprevistos, el 25,8% de los habitantes de Cantabria se encuentra en una situación precaria, siendo el segundo porcentaje más bajo a nivel nacional, superado únicamente por el País Vasco con un 20,6%. Este indicador revela que, a pesar de las dificultades, la población cántabra tiene una mejor capacidad de respuesta a imprevistos en comparación con el resto del país.

En lo que respecta a la capacidad para disfrutar de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, Cantabria muestra un porcentaje del 32%, ligeramente inferior al 34,3% de 2022, pero aún más de un punto por debajo del promedio nacional del 33,1%. Este dato podría sugerir que, a pesar de las adversidades, la población cántabra conserva cierto acceso a actividades de ocio, aunque no está exenta de las restricciones económicas.

En términos de retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o compras a plazos, Cantabria presenta un porcentaje relativamente bajo del 7,2%, siendo el menor a nivel nacional, donde la media es del 13,6%. Este indicador podría señalar una gestión más efectiva de las obligaciones financieras en comparación con otras regiones.

Analizando las carencias de conceptos básicos, el 28,3% de los hogares cántabros no puede permitirse al menos dos de estos, un dato superior al 26,7% registrado en 2022, pero aún por debajo del promedio nacional del 32,7%. Este aumento podría indicar una mayor presión sobre las necesidades esenciales en los hogares cántabros.

El porcentaje de hogares con carencia de al menos tres conceptos también ha experimentado un aumento, situándose en el 16,2%, en comparación con el 14,2% de 2022. Este incremento está en línea con la tendencia nacional, que ha pasado del 17,2% al 18,3% en 2023.

La carencia material severa, que abarca hogares que no pueden permitirse al menos cuatro de los conceptos estudiados, ha experimentado un aumento alarmante en Cantabria, llegando al 9,3% frente al 5% del año anterior. Este dato coloca a la comunidad como la cuarta región con mayor incidencia, superando la media nacional del 8,5%. Un hecho que pone de manifiesto la magnitud del impacto de la vulnerabilidad social en la región.

En el contexto nacional, los datos revelan que el riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado medio punto en el último año, situándose en el 26,5%. La población con carencia material y social severa también ha escalado hasta el 9%, la tasa más alta desde 2014. Las tasas AROPE más elevadas se encuentran en Ceuta, Andalucía, Melilla, Canarias y Extremadura, mientras que País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra presentan las tasas más bajas.

Al analizar estas cifras desde una perspectiva demográfica, se observa un aumento del 2,1% en la tasa AROPE entre los menores de 16 años y del 0,4% en el grupo de 16 a 64 años, mientras que la tasa disminuye en 0,4% entre los mayores de 65 años.

Las tasas de riesgo de pobreza más elevadas a nivel nacional se dan en Andalucía, Extremadura y Canarias, mientras que País Vasco, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra presentan las tasas más bajas.

En cuanto a la tasa AROPE por nivel de formación, se destaca que las personas con educación superior tienen una tasa del 13,3%, mientras que aquellos con estudios de secundaria de segunda etapa, secundaria de primera etapa, y educación primaria o un nivel de estudios inferior presentan tasas del 25,7%, 33,5% y 36,7%, respectivamente. Este dato revela una correlación directa entre el nivel educativo y el riesgo de pobreza o exclusión social.

En relación con la situación laboral, las tasas AROPE varían significativamente. Entre los ocupados, la tasa es del 16,6%, mientras que entre los jubilados es del 17,2%, entre otros inactivos llega al 38%, y entre los desempleados alcanza el 56,7%. Estas cifras resaltan la vulnerabilidad de los desempleados y otros inactivos en el contexto socioeconómico actual.

En cuanto a la capacidad de los hogares españoles para afrontar gastos imprevistos, se observa un aumento del 37,1%, casi dos puntos más que en 2022 y el porcentaje más alto desde 2016. El 9,3% de los hogares llega a final de mes con "mucha dificultad", un aumento de seis décimas respecto a 2022, y el más alto desde 2020.

El INE señala también que el 10% de los hogares se retrasa en los pagos relacionados con la vivienda principal, y el 21% de las familias no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Además, el 6,4% de los hogares declara que no puede permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días, un aumento de un punto respecto a 2022 y el más alto desde el inicio de la serie en 2004.

En resumen, la realidad socioeconómica de Cantabria revela un panorama preocupante con un aumento significativo en la vulnerabilidad social y dificultades económicas. El incremento en la tasa AROPE y la carencia material severa, así como el descenso en el ranking nacional de riesgo de pobreza, indican la necesidad de abordar de manera urgente y eficaz los desafíos socioeconómicos que enfrenta la comunidad. Estos datos también resaltan la importancia de implementar políticas y medidas que apoyen a los sectores más vulnerables y promuevan la equidad y la justicia social en la región.