Gobierno y sindicatos redoblan sus ataques contra las empresas españolas y sus beneficios. “Con los últimos datos del IPC, y en algunos sectores, como en la alimentación, está claro que alguien aquí que se está forrando”. Así ha justificado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el último ataque frontal contra las empresas tras conocer el último repunte de los precios de los alimentos, hasta el récord del 15,7% de diciembre, y de la inflación subyacente -la que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos-, que cerró 2022 en el 7%. Sin dudarlo, la ministra señaló a los supermercados como responsables directos de esta situación. “Esta subida se explica por los beneficios de las empresas”, espetó.

También recalcó en las Jornadas Confederales de UGT que no se puede seguir admitiendo que las empresas “sigan engrosando sus beneficios a costa de los salarios y del esfuerzo de los trabajadores. Estamos en una crisis y va de quién aporta, que la crisis no se salde a costa de los que menos tienen, tiene que saldarse por arriba. No se puede admitir, y se está demostrando, que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por esto, por los beneficios de la empresas y, como país, no puede seguir pasando”.

Asimismo, aprovechando la coyuntura de estar en un foro sindical, la ministra de Trabajo ha aprovechado para volver a reclamar una subida de sueldos acorde con la situación inflacionaria y ha advertido de que la devaluación de los salarios mientras los beneficios empresariales aumentan es “un error económicamente”, aunque admitió que con un IPC del 5,7% en diciembre, “España tiene la menor inflación de Europa”, pero lo achacó únicamente a “todos los esfuerzos para reducir los grandes problemas” de la economía. Para Díaz, el hecho de que el precio de los alimentos se haya disparado casi un 16% hace “imposible” que una familia pueda hacer la cesta de la compra, por lo que ha defendido la necesidad de seguir trabajando desde el Gobierno y “dar un paso más” para ayudar a las familias.

En términos incluso más feroces, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que intervengan y establezcan multas “disuasorias” a empresas de distribución y petroleras para que “no sigan robando” a los consumidores. El líder sindical ha cargado directamente contra las empresas de distribución, a las que ha señalado como “culpables” de la subida imparable de la cesta de la compra, que “está absolutamente fuera de control, pero no porque suban en origen, sino por la especulación de la distribución. Están chupando los beneficios de los productores y a la vez aumentan los precios a los ciudadanos”.