La deuda de las renovables lleva a España al borde de embargos en EE.UU.

La batalla legal por los impagos a las renovables ha dado un salto cualitativo. Los fondos acreedores han comenzado en tribunales estadounidenses el proceso de localización de activos embargables del Estado español, en un movimiento que anticipa posibles embargos efectivos en territorio estadounidense.

Este paso se produce después de que los inversores obtuvieran siete resoluciones judiciales favorables en Estados Unidos, donde los laudos arbitrales han sido reconocidos como sentencias ejecutables.

En concreto, las demandas han sido resueltas en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, lo que permite ahora a los acreedores iniciar mecanismos legales para recuperar las indemnizaciones pendientes.

688 millones en juego y una deuda que sigue creciendo

El importe reclamado en Estados Unidos asciende a 688 millones de euros, aunque la cifra continúa aumentando debido a los intereses de demora.

Los principales casos incluyen:

• NextEra: 290,6 millones €

• Infrastructure Services / Antin: 125,1 millones €

• Watkins: 79,5 millones €

• RREEF: 74 millones €

• 9REN: 44 millones €

• Cube: 40,2 millones €

• InfraRed: 35 millones €

En conjunto, estas reclamaciones forman parte de una deuda global que ya supera los 2.300 millones de euros, incluyendo costes judiciales y financieros.

Búsqueda de activos embargables en Estados Unidos

Los fondos han activado procedimientos conocidos como “discovery orders” y “subpoenas”, herramientas legales habituales en procesos de ejecución internacional.

A través de estas medidas, buscan identificar:

• Cuentas bancarias del Estado español

• Flujos de pago y contratos

• Activos de empresas públicas

• Participaciones en proyectos internacionales

Los requerimientos se han dirigido a:

• Entidades financieras

• Empresas con participación pública

• Organismos vinculados al Estado

• Incluso entidades relacionadas con la organización del Mundial de Fútbol de 2026

El objetivo es localizar cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense susceptible de ser embargado para saldar la deuda.

El origen del conflicto: primas y recortes

El conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó un sistema de primas a las energías renovables que garantizaba rentabilidades elevadas, en torno al 25%.

Sin embargo, en 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy recortó estas ayudas hasta aproximadamente el 7%, lo que provocó una oleada de demandas por parte de inversores internacionales.

Los fondos acudieron a tribunales de arbitraje internacional, que en muchos casos fallaron a su favor, reconociendo el derecho a indemnizaciones millonarias.

La estrategia del Gobierno: no pagar los laudos

El actual Gobierno ha mantenido una estrategia de resistencia jurídica, negándose a pagar los laudos arbitrales pese a las resoluciones desfavorables.

El argumento principal es que el pago de estas indemnizaciones podría considerarse ayuda de Estado ilegal, algo que también ha sido respaldado en determinados ámbitos por la Unión Europea.

Ante esta negativa, los fondos optaron por acudir a tribunales ordinarios en distintos países para forzar la ejecución de las sentencias.

Reveses judiciales en Reino Unido y otros países

La ofensiva de los acreedores se ha visto reforzada por recientes decisiones judiciales en otros países.

Destaca especialmente el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que rechazó el argumento de la inmunidad soberana de España, debilitando la defensa del Estado.

Este revés ha acelerado la estrategia de los fondos, que ahora avanzan en Estados Unidos sin esperar a un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo estadounidense sobre esta cuestión.