El déficit de la Seguridad Social se mantiene a pesar de los récords de cotizaciones

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, presentó este viernes un informe económico que ha generado controversia en el ámbito de la Seguridad Social. Aunque los ingresos por cotizaciones alcanzaron un récord histórico de 210.240 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,7%, el déficit del sistema no solo no disminuyó, sino que se incrementó en 122 millones de euros. Este aumento se traduce en un desequilibrio final de 8.495 millones de euros, lo que representa un déficit del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra ligeramente inferior al 0,56% de 2023, pero que no satisface las expectativas previas.

Montero, que destacó los avances en la recaudación y los récords de afiliados al sistema, se mostró optimista, argumentando que el sistema "sigue tendiendo al equilibrio". Sin embargo, voces expertas, como la de Miguel Ángel García, exdirector general de Ordenación de la Seguridad Social y reconocido experto, cuestionan el resultado. Según García, el mantenimiento del déficit bajo estas circunstancias es una señal de alarma. "El aumento en afiliaciones (505.939 nuevos cotizantes), la subida de los tipos de cotización y el incremento de la base máxima de cotización deberían haber contribuido a reducir el desequilibrio, pero no ha sido así. Más bien, esto es motivo de preocupación", afirma a este diario.

El Estado, por su parte, ha tenido que transferir 46.000 millones de euros a la Seguridad Social este año, una cifra 2.300 millones de euros superior a la del ejercicio anterior. Esta aportación del Gobierno refleja la creciente dependencia del sistema de las transferencias públicas, una situación que podría volverse insostenible si el ciclo económico se deteriora aún más. García advierte que la generación del baby boom aún no ha alcanzado la edad de jubilación, lo que podría agravar aún más el déficit de cara al futuro.

Este escenario contrasta con las previsiones del Gobierno en 2022, cuando se apostaba por un déficit cero para el año 2024. Un año después, las previsiones fueron corregidas, asegurando que el déficit no superaría el 0,2% del PIB. Sin embargo, los resultados muestran una realidad distinta. El déficit real es más del doble de la meta establecida, lo que pone en duda la capacidad del Gobierno para hacer frente a sus compromisos.

La gestión de las finanzas públicas: ¿Un balance positivo o un fracaso?

El Gobierno exhibió un cumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea al reducir el déficit del Estado al 2,8% del PIB, por debajo del límite del 3% impuesto por Bruselas. Sin embargo, si se incluyen los recursos destinados a mitigar los efectos de la DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos), el déficit total asciende al 3,15%, un dato que supera el umbral europeo. En este contexto, Montero defendió que estos gastos no estructurales no se contabilizan para la evaluación fiscal de la UE, asegurando que el cumplimiento de las reglas es más que satisfactorio.

A pesar de este aparente éxito, el Gobierno no ha conseguido reducir el gasto público de manera efectiva. En particular, la Administración General del Estado, que depende directamente de Montero, aumentó significativamente su gasto en 2024, incrementando el déficit del 2,02% del PIB en 2023 al 2,58% en 2024, alcanzando los 41.106 millones de euros de desequilibrio. Este mal dato se ve parcialmente justificado por lo que Montero califica como "mala praxis" del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha obligado al Estado a abonar más de 9.000 millones de euros por sentencias judiciales contrarias a la Hacienda pública.

Desigualdad entre comunidades: Cataluña y Comunidad Valenciana lideran los déficits

En cuanto a las comunidades autónomas, algunas han logrado resultados positivos, mientras que otras siguen acumulando déficits preocupantes. Por ejemplo, Cataluña, gobernada por Salvador Illa, ha cerrado 2024 con un déficit de 1.227 millones de euros, aunque significativamente menor que los 3.875 millones registrados en 2023. Esta cifra coloca a Cataluña como una de las regiones con mayor deterioro de las cuentas del Estado, solo superada por la Comunidad Valenciana, que ha registrado un déficit de 2.782 millones de euros debido a su infrafinanciación y los efectos de la DANA.

En cambio, once comunidades autónomas lograron superávit en 2024, destacando Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, y Cantabria, que se suman a la lista de territorios con una gestión financiera positiva. En cambio, Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, no logró alcanzar el equilibrio, aunque logró reducir su déficit de 2.176 millones en 2023 a 585 millones en 2024.

Reflexión final: ¿La sostenibilidad del sistema en peligro?

El déficit de la Seguridad Social y el déficit público continúan siendo desafíos cruciales para el Gobierno. La elevada aportación estatal y el creciente gasto público ponen en entredicho la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Además, las presiones demográficas y las dificultades económicas podrían agravar aún más esta situación en los próximos años, lo que requiere una revisión urgente de las políticas fiscales y de bienestar social.

En definitiva, 2024 ha sido un año de resultados contradictorios: aunque se han cumplido ciertos compromisos europeos, la Seguridad Social sigue siendo una tarea pendiente para el Ejecutivo.