La crisis de la vivienda en Cantabria: menos construcción, más okupación y una política ineficaz
La crisis de la vivienda en Cantabria se agrava. La construcción de obra nueva cae, la inversión inmobiliaria se retrae y la okupación sigue en aumento, mientras las políticas gubernamentales, lejos de aportar soluciones, han distorsionado aún más el mercado. Con una oferta en declive y una inseguridad jurídica creciente, el acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío cada vez mayor para propietarios e inquilinos.
Los paisajes urbanos de Cantabria están cambiando. Donde antes se erigían grúas y avanzaban nuevas promociones, hoy quedan solares vacíos, esperando inversores que no llegan. La construcción de obra nueva ha caído un 16,5 % en el último año, un dato que no solo refleja una desaceleración económica, sino también un problema estructural más profundo: la incapacidad del mercado para responder a la creciente demanda de vivienda.
A medida que la oferta de nuevas viviendas se reduce, el alquiler se encarece y la okupación sigue en aumento. Lejos de ser fenómenos aislados, estos problemas están interconectados, resultado de políticas erráticas y de una intervención estatal que ha distorsionado el mercado inmobiliario sin aportar soluciones reales.
El desplome de la construcción y el impacto en la oferta de vivienda
Según el informe del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria, en 2024 solo se han iniciado 1.126 viviendas en la comunidad, una cifra que representa una de las tasas de construcción más bajas de la última década. De estas, 745 son de promoción colectiva y 381 corresponden a vivienda unifamiliar aislada.
A pesar del crecimiento del 13,7 % en la edificación de viviendas unifamiliares, el sector residencial colectivo –esencial para el mercado de alquiler y para el acceso a la vivienda de jóvenes y familias de clase media– ha experimentado una caída del 26,5 % respecto al año anterior.
El informe también destaca un leve repunte en la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), con 32 unidades registradas en Santa Cruz de Bezana. Sin embargo, esta cifra es irrisoria frente a la demanda existente y queda muy lejos de las necesidades de vivienda asequible en la región.
Inversión inmobiliaria en retroceso
La inversión en obra nueva ha caído un 3,6 %, alcanzando los 135,2 millones de euros. Esto refleja el escepticismo de los promotores inmobiliarios ante un mercado incierto, donde la inseguridad jurídica y las restricciones administrativas dificultan la rentabilidad de los proyectos.
En Cantabria, como en el resto de España, los promotores han reducido su actividad debido a la presión regulatoria, los altos costes de construcción y la falta de incentivos para invertir en vivienda asequible. La combinación de burocracia excesiva, normativas confusas y un marco legal que no protege adecuadamente a los propietarios ha provocado un colapso en la oferta de vivienda.
La okupación como consecuencia de la crisis habitacional
El déficit de oferta de vivienda, sumado a la inflación y a las restricciones en el alquiler, ha provocado un aumento de la okupación en Cantabria. En los últimos años, las denuncias por okupación han crecido exponencialmente, afectando no solo a grandes ciudades, sino también a localidades más pequeñas donde los propietarios se encuentran indefensos ante la lentitud de los procedimientos judiciales.
El problema se ha visto agravado por la moratoria de desahucios y por las trabas legales que dificultan la recuperación de propiedades. Mientras el gobierno ha impulsado medidas para proteger a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, ha ignorado las consecuencias que esto tiene sobre los pequeños propietarios, que representan el 92 % del mercado de alquiler en España.
Ante este panorama, cada vez más propietarios han optado por retirar sus viviendas del mercado por miedo a la okupación y a las dificultades para recuperar sus inmuebles en caso de impago. Esto ha reducido aún más la oferta de alquiler, encareciendo los precios y dificultando el acceso a la vivienda para quienes buscan un hogar de forma legal.
Las soluciones que no llegan
A pesar de las promesas del gobierno de Pedro Sánchez de aumentar el parque de vivienda pública y de regular el alquiler para contener los precios, las medidas adoptadas han tenido el efecto contrario:
- Los controles de precios han reducido la oferta, ya que muchos propietarios prefieren no arrendar sus inmuebles antes que asumir los riesgos de una regulación incierta.
- La okupación ha crecido, alentada por una legislación que dificulta la actuación de los propietarios y las fuerzas de seguridad.
- La construcción de vivienda pública sigue siendo insuficiente, con cifras muy por debajo de la media europea y sin una estrategia clara para fomentar la promoción de VPO.
La falta de coordinación entre administraciones también ha sido un obstáculo. Mientras que la construcción de vivienda es competencia de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la legislación sobre arrendamientos y desahucios depende del gobierno central, lo que ha generado un marco de acción fragmentado e ineficaz.
Un mercado inmobiliario al borde del colapso
Cantabria enfrenta una encrucijada en materia de vivienda. La combinación de regulación asfixiante, caída de la construcción y auge de la okupación ha creado un entorno en el que ni los promotores, ni los propietarios, ni los inquilinos encuentran seguridad.
La única solución viable pasa por un cambio de rumbo en las políticas de vivienda:
- Eliminar las trabas burocráticas que impiden la construcción de nuevas viviendas.
- Proteger a los propietarios frente a la okupación, garantizando procedimientos judiciales rápidos y efectivos para recuperar inmuebles.
- Fomentar el alquiler con incentivos fiscales, en lugar de penalizar a los propietarios con controles de precios.
- Desarrollar un plan realista de vivienda pública, basado en la colaboración público-privada y en la eficiencia en la gestión de los recursos.
Sin un marco normativo claro y favorable para la inversión inmobiliaria, la crisis de la vivienda en Cantabria y en el resto de España seguirá profundizándose. Mientras tanto, los ciudadanos seguirán sufriendo las consecuencias de una política que, lejos de resolver el problema, lo ha convertido en una de las grandes crisis estructurales del país.