Consumo ya ha tramitado 49 reclamaciones en Cantabria por cierre de Dentix
05:31 01/11/20
La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ya ha tramitado 49 reclamaciones por el cierre de Dentix y ha recomendado a todos los afectados que recopilen la documentación contractual con la empresa para que su denuncia sea más eficaz.
La responsable de este departamento, Odette Álvarez, aconseja a los afectados que interpongan su reclamación por la vía civil, que soliciten su historial clínico, a fin de que sean ellos los encargados de su custodia y que en el caso de que hayan pedido un crédito vinculado a los servicios de la empresa, lo cancelen.
Álvarez hace hincapié en un comunicado en que para la correcta gestión de las denuncias "es muy importante conservar toda la documentación recopilada en la relación contractual con la entidad, como publicidad, folletos, presupuestos, contratos, justificantes de los pagos realizados, facturas e historia clínica".
Según ha señalado, la casuística de las denuncias "puede ser muy variada, por lo que las vías de reclamación tendrán que ser diferentes".
Álvarez ha explicado que para quienes ya abonaron la totalidad o parte del tratamiento, o lo hicieron financiándolo con un préstamo personal, se recomienda presentar una reclamación ante la sede social de la empresa solicitando que se ejecuten los servicios contratados, que se finalicen los tratamientos que se hayan iniciado, o se devuelva la parte no ejecutada de las cantidades abonadas, si el tratamiento no hubiera finalizado o hubiera sido ejecutado de manera incorrecta.
En caso de que se hubiera contratado el tratamiento dental por medio de un crédito vinculado con alguna entidad financiera, Odette Álvarez aconseja reclamar judicial o extrajudicialmente ante la clínica el incumplimiento del contrato.
Ha explicado que si no se recibe respuesta deberá reclamarse a la propia entidad financiera la paralización del pago del préstamo, sin penalización alguna, así como la devolución de las cantidades que hubieran sido abonadas indebidamente, "siempre que los servicios contratados con la clínica dental se hayan visto incumplidos o interrumpidos".
Odette Álvarez también ha recomendado acudir a alguna de las asociaciones en defensa de los consumidores para su asesoramiento.
En Cantabria las dos primeras denuncias se presentaron en enero y ya a partir de junio comenzaron a tener entrada en el servicio de consumo reclamaciones contra la tardanza en la realización de los tratamientos contratados, que "en principio podían deberse a la situación creada por la pandemia del coronavirus".
La directora general de Comercio y Consumo ha mantenido reuniones con el presidente y vicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria, Francisco Mantecón y José del Piñal, respectivamente, y con el director de Ordenación, Farmacia e Inspección, Jorge de la Puente, para coordinar las tramitaciones de las denuncias en defensa de los afectados.
En el mes de octubre se han mantenido varias reuniones entre el Ministerio de Consumo y los representantes de cada comunidad autónoma, en las que se ha concluido que es necesario establecer criterios comunes para una tramitación similar de todas las reclamaciones en el territorio nacional.
Corresponde al Ministerio de Consumo la coordinación de las actuaciones para conseguirlo, y solicitar la modificación de la normativa vigente que impida que en el futuro vuelvan a ocurrir hechos similares. ![Publicidad 171034]()
La responsable de este departamento, Odette Álvarez, aconseja a los afectados que interpongan su reclamación por la vía civil, que soliciten su historial clínico, a fin de que sean ellos los encargados de su custodia y que en el caso de que hayan pedido un crédito vinculado a los servicios de la empresa, lo cancelen.
Álvarez hace hincapié en un comunicado en que para la correcta gestión de las denuncias "es muy importante conservar toda la documentación recopilada en la relación contractual con la entidad, como publicidad, folletos, presupuestos, contratos, justificantes de los pagos realizados, facturas e historia clínica".
Según ha señalado, la casuística de las denuncias "puede ser muy variada, por lo que las vías de reclamación tendrán que ser diferentes".
Álvarez ha explicado que para quienes ya abonaron la totalidad o parte del tratamiento, o lo hicieron financiándolo con un préstamo personal, se recomienda presentar una reclamación ante la sede social de la empresa solicitando que se ejecuten los servicios contratados, que se finalicen los tratamientos que se hayan iniciado, o se devuelva la parte no ejecutada de las cantidades abonadas, si el tratamiento no hubiera finalizado o hubiera sido ejecutado de manera incorrecta.
En caso de que se hubiera contratado el tratamiento dental por medio de un crédito vinculado con alguna entidad financiera, Odette Álvarez aconseja reclamar judicial o extrajudicialmente ante la clínica el incumplimiento del contrato.
Ha explicado que si no se recibe respuesta deberá reclamarse a la propia entidad financiera la paralización del pago del préstamo, sin penalización alguna, así como la devolución de las cantidades que hubieran sido abonadas indebidamente, "siempre que los servicios contratados con la clínica dental se hayan visto incumplidos o interrumpidos".
Odette Álvarez también ha recomendado acudir a alguna de las asociaciones en defensa de los consumidores para su asesoramiento.
En Cantabria las dos primeras denuncias se presentaron en enero y ya a partir de junio comenzaron a tener entrada en el servicio de consumo reclamaciones contra la tardanza en la realización de los tratamientos contratados, que "en principio podían deberse a la situación creada por la pandemia del coronavirus".
La directora general de Comercio y Consumo ha mantenido reuniones con el presidente y vicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cantabria, Francisco Mantecón y José del Piñal, respectivamente, y con el director de Ordenación, Farmacia e Inspección, Jorge de la Puente, para coordinar las tramitaciones de las denuncias en defensa de los afectados.
En el mes de octubre se han mantenido varias reuniones entre el Ministerio de Consumo y los representantes de cada comunidad autónoma, en las que se ha concluido que es necesario establecer criterios comunes para una tramitación similar de todas las reclamaciones en el territorio nacional.
Corresponde al Ministerio de Consumo la coordinación de las actuaciones para conseguirlo, y solicitar la modificación de la normativa vigente que impida que en el futuro vuelvan a ocurrir hechos similares.
