Los hogares, asfixiados por la cesta de la compra, reclaman una investigación
La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que investigue posibles fraudes en los márgenes de la cadena de distribución alimentaria ante el fuerte encarecimiento de los alimentos desde 2021.
Según la organización, los precios de la alimentación han aumentado casi el doble que el Índice de Precios de Consumo (IPC) general en los últimos años, acumulando una subida cercana al 30 %. Por ello, reclama que se analice el papel de las grandes empresas de distribución para esclarecer si existen prácticas abusivas o distorsiones en el reparto de beneficios.
La brecha entre el IPC y los alimentos
En un comunicado, la CECU alerta de que la estabilización de precios está siendo mucho más lenta en la alimentación que en el conjunto de la economía, generando una brecha sostenida en el tiempo.
Ya entre 2021 y 2022, los alimentos subieron un 11,6 %, frente al 8,4 % del IPC general. Entre 2022 y 2023, mientras el IPC general se moderó hasta el 3,51 %, la alimentación mantuvo incrementos del 11,74 %, según los cálculos de la organización.
La asociación reconoce que el encarecimiento inicial pudo estar ligado al aumento de costes energéticos, materias primas y transporte, pero subraya que la persistencia de los precios altos cuando la inflación general se ha moderado exige una investigación.
Productos más afectados en la cesta de la compra
Entre los productos que más se han encarecido desde 2021 destacan:
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Leche entera: +39,4 %
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Carne de porcino: +29,3 %
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Legumbres y hortalizas frescas: +26,2 %
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Carne de vacuno: +26,1 %
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Frutas frescas: +24,3 %
La CECU señala que esta evolución impacta directamente en millones de hogares y plantea dudas sobre el reparto del valor en la cadena agroalimentaria.
Investigación sobre los márgenes
La organización recuerda que agricultores y ganaderos continúan denunciando márgenes reducidos que, en muchos casos, no cubren los costes de producción. Esto, a juicio de la asociación, refuerza la necesidad de que la CNMC analice si existen desequilibrios o prácticas irregulares en la distribución.
“Garantizar una alimentación digna y asequible es fundamental. Las autoridades deben investigar y actuar si procede”, ha señalado Eduardo Montero, responsable de alimentación de la federación.
La denuncia abre así un nuevo frente en el debate sobre el precio de los alimentos en España y la transparencia en los márgenes de la gran distribución.