Yolanda Díaz, en su persistente esfuerzo por reformar el sistema fiscal español, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a considerar un aumento en el IVA aplicable a los servicios de sanidad y educación privados. Este cambio, que se discute en las negociaciones de los Presupuestos de 2024, busca poner fin a lo que el partido Sumar considera "injusticias fiscales" en el país.

La propuesta de Díaz, que podría significar un incremento de ingresos de casi 3.500 millones de euros según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ha suscitado un intenso debate. La ministra argumenta que esta medida es un paso hacia la "democracia económica" en la gestión de ingresos públicos, promoviendo una mayor equidad fiscal.

Sin embargo, expertos en economía advierten que el impacto de tal medida podría ser el inverso al esperado. Argumentan que, al aumentar los costos de la sanidad y educación privadas, muchos ciudadanos podrían optar por los servicios públicos, incrementando así el gasto estatal en lugar de sus ingresos. La Airef señala que el potencial aumento de ingresos por IVA podría verse neutralizado por el mayor costo de proporcionar estos servicios desde el sector público, ampliando el déficit estatal.

Esta no es la primera vez que Díaz propone cambios fiscales significativos. En el pasado, ya había sugerido gravar con IVA a estos sectores durante el debate de investidura, enfatizando que los beneficios de servicios privados no deberían financiarse con impuestos públicos. Además, el equipo económico de Díaz ha propuesto otras medidas como el aumento de los impuestos sobre herencias y la eliminación de beneficios fiscales en alquileres de vivienda.

El enfoque de Díaz también incluye una revisión de las rentas del capital en el IRPF, buscando una mayor contribución de los ingresos elevados, especialmente los de altos directivos. Este "impuesto al lujo", como algunos lo han denominado, refleja la intención de Sumar de redistribuir la carga fiscal, privilegiando las rentas del trabajo sobre las del capital.

La propuesta ha reavivado el debate sobre la equidad fiscal y la eficiencia del sistema impositivo español, colocando en el centro de la discusión la sostenibilidad de los servicios públicos y la necesidad de una reforma fiscal integral que armonice la recaudación con el bienestar social.