La Comisión Europea ha decidido prolongar los plazos para la evaluación del cuarto pago de fondos europeos, que se encuentra retrasado casi un año debido a las complicaciones del Gobierno español con la reforma del subsidio por desempleo. Este retraso implica una cantidad significativa de los 10.000 millones de euros del desembolso, aproximadamente 900 millones de euros.

El aplazamiento de esta medida, inicialmente programada para su aprobación en diciembre de 2023 al momento de la solicitud del cuarto pago, fue rechazada en enero en el Congreso de los Diputados por Podemos. Ahora, el Gobierno está intentando reintroducirla en un tiempo ajustado.

El plazo extendido, que expiraba el 20 de mayo, fue otorgado por Bruselas a España para evaluar este cuarto pago de fondos europeos Next Generation EU. Sin embargo, la aprobación de la reforma del subsidio por desempleo se llevó a cabo el 21 de mayo en el Consejo de Ministros, quedando aún pendiente su convalidación en el Congreso, donde se presenta como un desafío, principalmente por parte de Junts.

La Comisión Europea, al conocer la aprobación de la propuesta por parte del Ejecutivo, declaró que analizará la reforma y comunicará su decisión "en las próximas semanas", justo antes de las elecciones europeas del 9 de junio.

En caso de incumplimiento de los plazos, Bruselas había anunciado previamente que emitiría una comunicación formal, lo que resultaría en la suspensión temporal del pago por el hito no cumplido. El Gobierno tendría entonces seis meses para cumplirlo, seguido de un mes adicional en caso de necesidad. Si persistiera el incumplimiento, se valoraría la suspensión definitiva del pago.

A pesar de que se prevé que no se llegue a agotar todos los plazos, España ya acumula un retraso considerable en la recepción de fondos europeos. Según el plan inicial, se esperaba que España solicitara el cuarto desembolso en el primer semestre de 2023, sin embargo, esto no sucedió hasta diciembre, es decir, medio año más tarde.