El caos del Congreso encarece la luz y sacude la producción industrial española

La rechazada aprobación del decreto antiapagón ha provocado una tormenta en el sector energético español. El Congreso, con los votos en contra de PP, Vox, Junts, Podemos y BNG, tumbó este martes el Real Decreto-ley 7/2025, una norma clave impulsada por el Gobierno para reforzar la seguridad eléctrica, fomentar la inversión en energías renovables y proteger a la industria electrointensiva. El resultado: un efecto dominó que ha comenzado a trasladarse al bolsillo de los consumidores y a amenazar directamente la competitividad de la industria española.

La propuesta legislativa, nacida tras el grave apagón del pasado 28 de abril que dejó a más de un millón de hogares sin luz, contenía medidas estratégicas para prevenir nuevos colapsos del sistema eléctrico. Entre ellas, la creación de nuevas figuras operativas como el agregador independiente, la agilización de permisos para instalaciones renovables y puntos de recarga y el refuerzo de los informes de control de tensión elaborados por la CNMC.

También se preveían bonificaciones específicas para industrias altamente consumidoras de energía, entre ellas la exención del 80 % en los peajes eléctricos, con carácter retroactivo desde enero.

Tras el naufragio del decreto, el malestar es profundo en el sector energético, que denuncia haber quedado “solo ante el caos político”. Las empresas advierten que la inseguridad regulatoria derivada del bloqueo en el Congreso pone en peligro inversiones por más de 200.000 millones de euros, así como la ejecución de al menos 5 gigavatios de nueva capacidad renovable. La patronal energética y varias compañías aseguran que la inestabilidad legislativa podría llevar a un freno inmediato de proyectos clave y al incremento de la prima de riesgo en futuras licitaciones internacionales.

Mientras tanto, la factura eléctrica ya está experimentando una subida notable. El apagón obligó a recurrir a tecnologías más costosas como los ciclos combinados de gas y la energía nuclear, que encarecen el precio medio del megavatio hora respecto a las energías renovables.

Además, los servicios de ajuste del sistema, gestionados por Red Eléctrica de España para garantizar el equilibrio entre generación y consumo, han aumentado su uso, lo que repercute directamente en la tarifa eléctrica. Según estimaciones del sector, los hogares españoles están pagando hasta ocho euros más al mes como consecuencia de esta inestabilidad.

El impacto no se detiene en los hogares. La industria electrointensiva, esencial en sectores como el aluminio, el acero o el papel, asume ya un sobrecoste energético de entre el 5 % y el 10 %, lo que la sitúa en clara desventaja frente a sus competidores europeos. Las bonificaciones incluidas en el decreto habrían aliviado esta presión, pero su derogación fuerza a muchas empresas a revisar sus precios, lo que podría derivar en subidas en cascada en bienes de consumo, materiales de construcción y servicios industriales.

El rechazo al decreto, más allá de su contenido técnico, refleja el colapso legislativo que atraviesa el Congreso, donde el Gobierno no logra articular una mayoría estable ni siquiera en temas que contaban con respaldo empresarial y técnico. La falta de consenso está provocando que medidas estratégicas queden atrapadas en el tablero partidista, con efectos económicos reales que empiezan a percibirse de forma directa en la actividad y el consumo.

Frente a esta situación, el Ejecutivo ya ha anunciado que intentará negociar un nuevo texto que pueda presentarse de nuevo en la Cámara. Sin embargo, la urgencia del contexto energético, los efectos en la inflación y la presión de los agentes económicos exigen una respuesta rápida y efectiva. La cuestión es si el Congreso, en su estado actual de parálisis, podrá ofrecerla.