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El Diario de Cantabria

Cantabria sube al puesto siete de las comunidades en competitividad fiscal

Cantabria sube al puesto siete de las comunidades en competitividad fiscal

Cantabria ha subido un puesto, del ocho al siete, en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (ICAF) de 2019 presentado este martes por la Unión de Contribuyentes, que recomienda a la comunidad una reforma del IRPF y la supresión del impuesto de Patrimonio.

El índice, producido por la Fundación para el Avance de la Libertad con el apoyo de la Unión de Contribuyentes y de la Tax Foundation estadounidense, tiene en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos, los tributos cedidos a las comunidades, y los impuestos adicionales establecidos por cada autonomía, además de la especificidad canaria y de los regímenes forales.

Según el informe, Cantabria ha reducido su puntuación en 0,12 puntos en los dos últimos años hasta los 0,61, aunque en el ránking global de 2019 gana un décima y sube una posición, desde el puesto octavo de 2018 al séptimo, adelantando a Navarra.

La comunidad autónoma ocupa la primera plaza en el índice específico de competitividad en el Impuesto de Sucesiones, junto a Andalucía, cuando el año anterior era la décimo segunda.

En el subíndice del IRPF baja un puesto y se queda en el número once.

Y sigue a la cola en el Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD), empatada con Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia (desgajado el AJD es décima en este impuesto).

Además el informe señala que Cantabria es una se las seis comunidades que no aplicaban el impuesto especial sobre hidrocarburos y que por lo tanto encabezan el ránking.

Según sus autores, Cantabria debería reducir los tipos impositivos de todos los tramos del IPPF "de forma inmediata", con un tipo impositivo máximo del 20-21 por ciento.

Le recomienda también ampliar las bonificaciones a todos los grupos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para poder derogarlo definitivamente, derogar o bonificar al 100 % igualmente el de Patrimonio o, de no ser posible, equiparar la tarifa estatal.

Otras de sus sugerencias para mejorar la competitividad fiscal es eliminar los impuestos autonómicos y establecer el tipo de gravamen del impuesto de AJD en el 0,5 % y el de Transacciones Patrimoniales Onerosas (TPO) en el 6 %. 

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