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El Diario de Cantabria

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cantabria no imputó gastos por 179 millones al presupuesto de 2017

El Tribunal dice en su informe de fiscalización de la región de 2017 que se aplicaron gastos de ejercicios anteriores por 159,2 millones

Cantabria no imputó gastos por 179 millones al presupuesto de 2017

El Tribunal de Cuentas (TC) ha aprobado el informe anual de fiscalización de la comunidad de Cantabria de 2017, en el que recoge que en ese ejercicio se dejaron de imputar gastos por importe de 179,1 millones de euros al presupuesto, mientras se aplicaron otros de ejercicios anteriores por 159,2.

Según el tribunal, estas actuaciones no respetan el principio de temporalidad recogido en la Ley de Finanzas de Cantabria, aunque están amparadas en las salvedades establecidas en esta misma norma. Esta es una de las conclusiones del informe sobre las cuentas de la administración general y de las entidades del sector público autonómico de Cantabria de 2017, que en general se han rendido respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido.

No obstante, el Tribunal de Cuentas advierte de que la estructura de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2016 no responde a lo dispuesto en la Ley de Finanzas de Cantabria, ya que no presenta las subcuentas que la debían conformar; ni de forma agregada, ni consolidada.

aviso por las subcuentas. Además, señala, como ya lo hizo en el informe del año anterior, que cuatro organismos autónomos, entre ellos, el Servicio Cántabro de Salud, «siguen sin elaborar cuentas específicas», integrándose en las de la Administración General.

El Tribunal de Cuentas también reitera que en el ejercicio fiscalizado no existía un sistema automatizado de vinculación entre la contabilidad y el sistema de gestión patrimonial, cuyo desarrollo e integración acumulaba un considerable retraso. Asimismo, apunta que las debilidades detectadas en el Inventario siguen afectando a este documento a la hora de ser reflejo de la realidad patrimonial de la comunidad autónoma.

El análisis realizado sobre las cuentas individuales de empresas, entes empresariales y fundaciones de la Comunidad desprende que, con carácter general, se presentaron de acuerdo con los principios y normas contables definidos en los planes de contabilidad.

De la comprobación sobre el seguimiento de los procedimientos establecidos para la determinación y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, el Tribunal de Cuentas destaca que, según se determina en el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en octubre de 2018, Cantabria cumplió el objetivo de déficit y de regla de gasto del ejercicio 2017.

Por otra parte, la deuda de la comunidad autónoma al cierre de 2017, situada dentro del objetivo, ascendía a 3.033 millones de euros. También señala que la superación del periodo medio de pago a proveedores de 30 días, en todos los meses del ejercicio 2017 (salvo septiembre), afecta negativamente al principio de sostenibilidad financiera, sin que, a la vista de ello, se produjera la actualización del plan de tesorería conforme a las previsiones de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En relación con las medidas tomadas por la Comunidad para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe anual de fiscalización del ejercicio 2015, reiteradas en gran medida en el Informe del ejercicio 2016, se pone de manifiesto que, en general, no se han apreciado avances reseñables, por lo que, a la vista de su grado de implantación, se reiteran en el presente Informe.

Así, apunta que la Comunidad debería implantar una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada; así como considerar los saldos de las cuentas restringidas de recaudación como integrantes del saldo final de tesorería y proceder a su contabilización y conciliación.

También considera que se hace necesaria la dotación de medios al Servicio Cántabro de Salud, al Servicio Cántabro de Empleo, al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Instituto Cántabro de Servicios Sociales, con el fin de hacer posible que entidades con personalidad jurídica diferenciada muestren, por separado, la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera,

Asimismo, sostiene que deberían articularse los mecanismos necesarios para que la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera pueda ejercitar el control de las cuentas restringidas de ingresos, integrantes de la Tesorería de la Comunidad, cuya competencia está asignada a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria hasta el momento en que los fondos de las mismas son traspasados a la cuenta general de ingresos. 

Cantabria no imputó gastos por 179 millones al presupuesto de 2017
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