Cada español debe 10.000 euros más: la deuda pública se dispara sin freno

La deuda pública española ha aumentado a un ritmo mucho mayor que la renta per cápita en los últimos siete años, lo que refleja una dinámica insostenible que preocupa cada vez más a los economistas. Según los últimos datos de Eurostat, España acumulaba 1,7 billones de euros de deuda pública en el tercer trimestre de 2025, lo que supone casi 494.000 millones de euros más que en el mismo periodo de 2018. Este crecimiento del 40,6%, superior a la media de la eurozona (37,1%), implica que la carga por habitante ha aumentado en cerca de 10.000 euros, mientras que la renta media ha crecido poco más de la mitad de esa cifra.

Los expertos advierten de que, aunque la ratio de deuda respecto al PIB ha disminuido en los últimos años gracias al crecimiento del PIB nominal, el endeudamiento real continúa aumentando. Es decir, España sigue gastando por encima de sus posibilidades, emitiendo nueva deuda en lugar de amortizar la existente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya alertó en su Observatorio de diciembre que, pese a una reducción de un punto porcentual en la ratio de deuda sobre el PIB en un año, el volumen total de deuda sigue creciendo a un ritmo de cuatro puntos porcentuales anuales.

El economista Javier Santacruz lo explica con un ejemplo gráfico: “Es como si a mí me suben el sueldo 5.000 euros, pero me endeudo 10.000. Sí, tengo más ingresos, pero mi carga financiera es mucho mayor”. En su opinión, las finanzas públicas españolas han perdido la prudencia fiscal, lo que compromete seriamente la sostenibilidad futura del Estado. "Estamos hipotecando lo que suceda a partir de 2030 o 2035", asegura, en referencia al enorme impacto presupuestario que tendrá el inicio de la jubilación del colectivo del baby boom, cuyos efectos durarán al menos dos décadas.

El riesgo estructural: más deuda, más intereses

Una de las consecuencias más preocupantes de este crecimiento constante del endeudamiento es el conocido “efecto bola de nieve”. Cuanta más deuda acumula un Estado, mayor es la factura por intereses que debe pagar, lo que a su vez obliga a seguir endeudándose. Aunque buena parte de la deuda actual fue emitida durante la pandemia a tipos bajos, en los próximos años España y muchos otros países deberán refinanciar grandes volúmenes de esa deuda a tipos significativamente más altos, lo que incrementará los costes de forma sustancial. El último Informe de Riesgos del Foro de Davos ya ha alertado de este problema, señalando que muchos países, incluida España, no tienen margen presupuestario para afrontar esos pagos sin acudir nuevamente a los mercados.

Santacruz señala también que, mientras la recaudación fiscal ha crecido en España a ritmos de dos dígitos, el Gobierno no ha sido capaz de aprovechar ese ciclo positivo para reducir el déficit, lo que demuestra —según él— una falta de compromiso con el saneamiento fiscal. “Si con una economía creciendo no reduces deuda, ¿cuándo lo vas a hacer? El coste de oportunidad es enorme. No podemos esperar a que lleguen tiempos peores para tomar decisiones”, advierte.

El desafío de las pensiones

El otro gran frente abierto está en el sistema de pensiones. Según explica Ció Patxot, profesora de Economía en la Universidad de Barcelona, España se enfrenta a un desafío demográfico sin precedentes: uno de los envejecimientos más acelerados de Europa. La experta plantea que, sin una reforma profunda del sistema, el país no podrá sostener el nivel actual de pensiones con los ingresos futuros. “Si subes las cotizaciones, cargas el peso en los jóvenes. Si mantienes las pensiones, disparas la deuda. Y si recortas las prestaciones, generas protestas. Hay que encontrar un equilibrio”, afirma.

Patxot plantea que una posible solución podría venir de un sistema mixto como el sueco, que combina reparto con capitalización, y que además ajusta automáticamente las prestaciones a factores como la esperanza de vida, el número de cotizantes o la evolución del PIB. En su opinión, las reformas parciales aplicadas en España hasta ahora han sido insuficientes o poco transparentes, y las medidas más valientes han sido paralizadas por el coste político. “El índice de revalorización de las pensiones, que limitaba las subidas al 0,25%, se suspendió. Y la última reforma apenas tocó nada esencial”, concluye.

Un futuro incierto

Con un crecimiento económico todavía estable pero una deuda pública en máximos históricos, España se encuentra en un punto de inflexión. Las decisiones que se tomen en los próximos años serán clave para determinar si el país logra mantener la solvencia fiscal o si, por el contrario, acaba atrapado en una espiral de déficit estructural, creciente coste de la deuda y presión sobre los servicios públicos.

Para Santacruz, la clave está en recuperar el rigor: “No somos Francia ni Italia. No tenemos la misma capacidad financiera ni la misma influencia dentro del BCE. O nos trata bien el Banco Central Europeo o estamos en una posición muy delicada”.

Con las jubilaciones masivas del baby boom comenzando y un sistema de pensiones cada vez más tensionado, el margen para posponer reformas se reduce. “Hay que tener nervios de acero para estar tranquilo ante esta situación”, advierte el economista.