Bruselas acusa a España de ignorar sus advertencias sobre Huawei pese al “alto riesgo” de espionaje
La Comisión Europea ha encendido las alarmas tras conocerse que el Gobierno de España ha adjudicado a Huawei, la tecnológica china señalada por su riesgo potencial de espionaje, un contrato por valor de más de 12 millones de euros. El acuerdo, destinado al almacenamiento y gestión de las escuchas judiciales en España, contraviene de forma directa las recomendaciones comunitarias sobre ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
Bruselas lleva dos años advirtiendo del “alto riesgo” que representa Huawei, especialmente en entornos estratégicos como redes 5G, datos judiciales o comunicaciones estatales. En su comunicación oficial de junio de 2023, la Comisión ya incluyó a Huawei y ZTE entre los proveedores considerados incompatibles con los estándares europeos de seguridad. Pese a ello, el Gobierno español ha renovado su relación con la compañía, asegurando que no existen riesgos para la seguridad nacional ni europea.
Desde la Comisión, sin embargo, la postura es tajante: “La falta de acción rápida expone a toda la Unión Europea a un riesgo real”, aseguran fuentes del Ejecutivo comunitario. Se considera que la decisión española no solo afecta a su propia jurisdicción, sino que compromete potencialmente la integridad de la red de seguridad compartida de la UE.
Además del contexto técnico y legislativo, este movimiento se enmarca en una coyuntura geopolítica delicada. La relación entre Bruselas y Pekín atraviesa momentos de fuerte tensión, especialmente tras el escaso avance de la última cumbre bilateral, donde solo se logró un comunicado conjunto sobre cuestiones climáticas. En materia comercial y tecnológica, las diferencias son evidentes, y la Comisión esperaba unidad frente al expansionismo chino en Europa.
La actuación del Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, se percibe en Bruselas como una grieta en la estrategia europea común. No es la primera vez que el Ejecutivo español toma distancia del consenso comunitario: ya en septiembre de 2024, Sánchez viajó a China con la intención de atraer inversiones en el sector del automóvil eléctrico, en plena batalla europea por los aranceles a productos tecnológicos del gigante asiático.
Aquella visita generó malestar en la Comisión, que acusó al presidente español de “debilitar la posición negociadora de la UE”. Y ahora, con este contrato a Huawei, la inquietud vuelve a primer plano. Según Bruselas, “solo hay que seguir el dinero”, en alusión a que esta decisión responde a objetivos económicos de corto plazo, como captar fábricas o atraer licitaciones, por encima de la seguridad estratégica del bloque.
El caso de Huawei se suma a otros factores de fricción entre Bruselas y Madrid en los últimos meses, como la gestión de la deuda, los déficits estructurales o la politización del sistema energético. Pero este asunto adquiere una dimensión especialmente sensible: afecta directamente a la privacidad, la justicia y la seguridad del Estado.
La Comisión insiste en la urgencia de aplicar plenamente la caja de herramientas en seguridad 5G, que recomienda excluir a empresas de alto riesgo de cualquier infraestructura clave. Y aunque en teoría cada Estado miembro mantiene cierta autonomía, se espera que todos actúen alineados con los principios de protección común.
Por ahora, el Gobierno español no ha dado señales de reconsiderar el contrato con Huawei. Tampoco ha ofrecido detalles técnicos que disipen las dudas comunitarias. En este contexto, la Comisión Europea mantendrá la presión y podría incluir este caso en sus próximos informes de cumplimiento normativo, en los que evalúa la coherencia de los Estados con la estrategia digital y de seguridad de la Unión.