Bruselas abre expediente a España por incumplir tres directivas clave de la UE
La Comisión Europea ha lanzado un severo aviso a España por el incumplimiento de tres directivas comunitarias esenciales. El Ejecutivo comunitario ha abierto procedimientos de infracción por la transposición incompleta o incorrecta de las normas relativas a la calidad del agua potable, la seguridad industrial y las condiciones laborales. La situación podría derivar en sanciones millonarias si el país no subsana los errores en el plazo establecido.
Incumplimientos en agua potable: riesgos para la salud y el medio ambiente
El primer procedimiento afecta a la Directiva (UE) 2020/2184, sobre la calidad del agua potable, que España debía haber implementado antes de enero de 2023. Esta norma busca reducir la presencia de microplásticos, contaminantes hormonales y mejorar la eficiencia del sistema de distribución, minimizando fugas que, en promedio, suponen un 30% de pérdidas en la UE.
Según Bruselas, España ha:
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Reducido indebidamente el alcance de la norma.
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Omitido evaluaciones de riesgo obligatorias.
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Ignorado la necesidad de revisiones periódicas del sistema de abastecimiento.
Esto supone no solo una falta de alineación con los objetivos ambientales de la UE, sino también un riesgo directo para la salud pública.
Deficiencias en la seguridad industrial: Directiva Seveso III
El segundo expediente se centra en la Directiva Seveso III (2012/18/UE), que regula los riesgos de accidentes graves con sustancias peligrosas en miles de instalaciones industriales en Europa.
La Comisión señala que España no ha:
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Definido plazos concretos para elaborar planes de emergencia en nuevas instalaciones.
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Establecido medidas adecuadas para la limpieza y restauración de zonas afectadas por accidentes.
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Adaptado correctamente las obligaciones de información preventiva al público.
Estas omisiones son especialmente graves en un contexto de protección medioambiental y seguridad laboral.
Directiva laboral: caso ya en manos del TJUE
El caso más avanzado es el de la Directiva 2019/1152, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La norma obliga a informar a los trabajadores sobre aspectos clave de su contrato: horarios, remuneración, tipo de relación laboral, etc.
La Comisión abrió el expediente en 2022, emitió un dictamen motivado en 2023, y tras constatar que las medidas presentadas por el Gobierno en febrero de 2025 eran “insuficientes”, ha optado por llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, solicita la imposición de sanciones económicas.
En otros casos similares, países como Italia o Grecia han sido condenados a pagar multas de hasta 15 millones de euros por incumplimientos parecidos.
Advertencia clara: el derecho europeo es de obligado cumplimiento
Para Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, especializado en derecho comunitario, la falta de aplicación adecuada de estas directivas es una “deslealtad institucional inaceptable”. “La primacía del derecho europeo no se discute”, afirma. “Si un Estado no está de acuerdo con una norma, debe proponer su modificación, no ignorarla”.
Plazos y consecuencias
España tiene ahora dos meses para corregir los errores en la transposición de las directivas sobre agua y seguridad industrial. Si no lo hace, recibirá un nuevo dictamen motivado, que puede desembocar en sanciones más severas.
En cuanto a la directiva laboral, el caso ya está en fase judicial ante el TJUE, y se prevé una resolución en los próximos meses, con posibles consecuencias económicas relevantes para el Estado.
Más allá de las posibles multas, este nuevo “tirón de orejas” de Bruselas deteriora la imagen de España ante sus socios europeos. En un momento en que la credibilidad institucional y la eficiencia regulatoria son claves para la gestión de fondos europeos y el cumplimiento del Pacto Verde, estos incumplimientos refuerzan la percepción de ineficacia administrativa y desconexión con las prioridades de la UE.