El Banco Mundial tumba el recurso de España y confirma el laudo de 97 millones
El Banco Mundial ha asestado un nuevo golpe jurídico a España al rechazar anular el laudo de 97 millones de euros dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) en favor de la empresa japonesa Eurus Energy Holdings Corporation, filial del grupo Toyota. La compañía resultó perjudicada por la reforma energética de 2013, que supuso un recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.
Un fallo unánime contra España
El tribunal ad hoc, formado por los árbitros Bernard Hanotiau, Katherine González Arrocha y Penélope Ridings, ha desestimado por unanimidad los argumentos del Gobierno español, que alegaba supuestos errores procesales y falta de motivación jurídica en el fallo original. Según el tribunal, España no ha aportado razones válidas para justificar la anulación, tal como establece el Convenio Ciadi.
El laudo original, emitido en 2021, concluyó que España vulneró el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) al alterar de forma retroactiva un marco legal que había incentivado la inversión en parques eólicos en Galicia y Asturias bajo el sistema de tarifas reguladas (feed-in tariffs o FiT).
España acumula 26 condenas por las renovables
Este revés jurídico eleva a 26 los procedimientos perdidos por España ante el Ciadi, con una deuda total de 1.885 millones de euros en indemnizaciones, intereses y costas legales. A pesar de ello, el Estado español se ha negado a abonar la mayoría de estas condenas, escudándose en la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que impide pagos entre inversores europeos mediante arbitraje internacional.
No obstante, algunos países como Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos han comenzado a permitir el embargo de activos españoles para forzar el cumplimiento de las resoluciones arbitrales. De hecho, España ya tuvo que pagar 32 millones de euros en junio a la japonesa JGC Holdings.
La reforma energética y sus consecuencias
La guerra de las renovables se remonta al año 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una política de subvenciones a las energías verdes. En 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó esos incentivos con efecto retroactivo, lo que llevó a decenas de inversores extranjeros a reclamar ante el Ciadi.
Entre las medidas impuestas por España, se introdujo un impuesto del 7 % a los ingresos por venta de energía y se sustituyó el sistema FiT por un nuevo marco regulatorio basado en la "rentabilidad razonable". Estas modificaciones afectaron gravemente la rentabilidad de los proyectos de Eurus, que invirtió millones bajo las garantías del sistema anterior.
El impacto para la imagen de España
La ratificación de la condena por parte del Banco Mundial representa un duro golpe a la estrategia legal del Gobierno español, que desde hace años intenta impugnar los laudos en todos los foros posibles. A ojos de las compañías afectadas, el Ciadi ha reforzado la legitimidad de los arbitrajes internacionales, dejando a España en una situación de creciente aislamiento jurídico.
Mientras tanto, el país sigue sin resolver el problema de fondo: cómo compensar a los inversores sin contravenir las normas europeas y sin afectar su reputación en el mercado internacional.