Banca, energéticas, diésel...: Conoce los impuestos que suben y los que quedan en el aire en la reforma fiscal

Tras una intensa semana de negociaciones y enfrentamientos políticos, el Gobierno español ha logrado sacar adelante una reforma fiscal limitada y lejos de las expectativas iniciales. A pesar de algunos avances en el Congreso, varias de las medidas más controvertidas, como la subida de impuestos al diésel, la eliminación de beneficios fiscales para seguros de salud, y el incremento del IVA para pisos turísticos, han sido descartadas.

Estas iniciativas formaban parte de un ambicioso paquete fiscal con el que el Ejecutivo buscaba garantizar el quinto desembolso de los fondos europeos, valorado en 7.200 millones de euros, y aumentar la recaudación en más de 18.000 millones.

La reforma fiscal aprobada

El núcleo de la reforma es la transposición de la directiva europea que establece un impuesto mínimo del 15% sobre las multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. Este impuesto, que afecta a 126 grupos empresariales españoles y a unas 700 filiales de multinacionales extranjeras, busca evitar la competencia fiscal desleal entre países. Su implementación permitirá recaudar aproximadamente 1.000 millones de euros al año y evitar posibles sanciones de Bruselas por incumplir la normativa europea.

Además, se han introducido otras medidas, como:

• Incremento del IRPF al ahorro: Se ha aprobado un aumento de dos puntos porcentuales en el tipo marginal máximo del IRPF sobre rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, pasando del 28% al 30%. Esto afecta a ingresos provenientes de intereses, dividendos, fondos de inversión y ganancias por venta de acciones.

• Nuevo impuesto al vapeo y tabaco alternativo: A partir de enero de 2025, se gravarán los líquidos para cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina y otros productos similares.

• Recuperación de medidas en el Impuesto de Sociedades: Se reintroducen los límites para compensar bases imponibles negativas y deducciones por doble imposición, lo que se había anulado recientemente por el Tribunal Constitucional. Estas medidas buscan cerrar un agujero fiscal que habría costado al Estado hasta 5.000 millones de euros anuales.

Impuestos polémicos: banca y energéticas

El impuesto a la banca, inicialmente concebido como una medida temporal, se mantendrá por al menos tres años más, pero con importantes modificaciones. Pasará de ser una prestación patrimonial no tributaria a un impuesto progresivo, gravando márgenes de intereses y comisiones según su volumen. La recaudación se repartirá entre las comunidades autónomas en función de su PIB. El nuevo esquema fiscal incluye tipos del 1% para ingresos de hasta 750 millones de euros, y hasta un 7% para ingresos superiores a 5.000 millones.

En contraste, el destino del impuesto energético sigue siendo incierto. Aunque el Gobierno se ha comprometido a mantenerlo al menos durante 2025, deberá negociar un nuevo marco legislativo con sus socios parlamentarios. Sumar y otros partidos de izquierda exigen su permanencia, mientras que Junts y el PNV han condicionado su apoyo a exenciones para empresas que inviertan en descarbonización.

Medidas descartadas

Varios de los impuestos propuestos inicialmente no lograron el respaldo necesario en el Congreso, quedando fuera del paquete fiscal:

• Subida del diésel: Se rechazó la propuesta de equiparar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, lo que habría supuesto un incremento de aproximadamente nueve céntimos por litro para los conductores.

• Seguros de salud: La eliminación de la exención fiscal a las primas de seguros privados tampoco prosperó, lo que habría afectado a más de 12 millones de beneficiarios con un recargo del 8%.

• Pisos turísticos: La propuesta de Sumar para aumentar el IVA de los apartamentos turísticos del 10% al 21% fue rechazada, al igual que la creación de un impuesto sobre bienes de lujo como jets privados, yates y coches de alta gama.

• Sociedades de inversión inmobiliaria (SOCIMI): Los cambios propuestos al régimen fiscal de estas entidades también fueron descartados. Empresas como Colonial y Merlín habían advertido que podrían trasladar sus sedes fuera de España si el régimen se modificaba.

Implicaciones económicas y políticas

La reforma aprobada supone un alivio para el Ejecutivo, que logra cumplir parcialmente con sus compromisos con Bruselas, asegurando los fondos europeos y evitando sanciones. Sin embargo, las medidas adoptadas están lejos de la reforma integral prometida, y el proceso ha evidenciado profundas divisiones tanto dentro del Gobierno como entre sus socios parlamentarios.

Mientras tanto, sectores afectados, como la banca y las SOCIMI, han expresado su malestar. La banca ha anunciado que explorará acciones legales contra el nuevo impuesto, mientras que el sector inmobiliario advierte sobre el impacto de la incertidumbre fiscal en la inversión.

En el caso del impuesto energético, la falta de consenso entre los partidos mantiene el futuro del gravamen en el aire. Si no se llega a un acuerdo antes de fin de año, el Gobierno podría prorrogarlo mediante un decreto ley, aunque esta estrategia también enfrenta desafíos políticos.

La reforma fiscal aprobada es un reflejo de las tensiones y complejidades del panorama político actual. Aunque el Gobierno ha conseguido avanzar en algunos aspectos, el proceso ha dejado al descubierto las dificultades para alcanzar acuerdos en un Congreso fragmentado.