La Seguridad Social de España ha marcado un nuevo récord preocupante, disparando su deuda en noviembre de 2023 a una cifra astronómica de 116.172 millones de euros. Este aumento, que representa un 9.4% tanto en términos mensuales como anuales, rompe con la tendencia moderada que se había mantenido en los últimos 12 meses, donde la deuda rondaba los 106.000 millones de euros.

Según las estadísticas publicadas por el Banco de España, este incremento en el endeudamiento se atribuye principalmente a los préstamos concedidos por el Estado para financiar el desequilibrio presupuestario del organismo. El Ministerio de Seguridad Social, liderado actualmente por Elma Saiz, atribuye este déficit a los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, que ha inflado los gastos en prestaciones y ayuda pública, al tiempo que ha disminuido los ingresos por cotizaciones.

Sin embargo, expertos y organismos como el Banco de España, AIREF y FEDEA señalan también a la reforma de pensiones de 2021, que vinculó la revalorización anual de las pensiones al IPC, como uno de los principales impulsores del aumento del gasto en prestaciones contributivas.

Con la jubilación del baby-boom acercándose, que traerá consigo un aumento significativo en el gasto de pensiones, la presión sobre la deuda de la Seguridad Social es ya palpable. En tan solo tres años, la deuda se ha más que duplicado, pasando de 55.024 millones en 2019 a 106.178 millones al cierre de 2022, alcanzando niveles de endeudamiento nunca antes vistos en la historia reciente.

Este crecimiento de la deuda de las Administraciones Públicas en noviembre de 2023 se suma al incremento del endeudamiento tanto del Estado como de las comunidades autónomas, mientras que los ayuntamientos han logrado reducir ligeramente sus números rojos.

Las proyecciones del Gobierno español estiman que la ratio deuda/PIB disminuirá al 108.1% en 2023, con la esperanza de que la economía continúe su tendencia de crecimiento. Sin embargo, la situación actual plantea serias dudas sobre la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones y la sostenibilidad financiera del país.