La AIReF denuncia la opacidad de los planes fiscales del Gobierno

“No tenemos ningún documento de planificación presupuestaria desde hace tiempo”. Con esta frase lapidaria, Cristina Herrero, máxima responsable de la AIReF, ha sintetizado el estado de caída libre fiscal en el que se encuentra la Administración Central.

Desde 2023, el Gobierno no ha presentado ni un solo Presupuesto General del Estado, ni el plan presupuestario exigido por Bruselas, ni los objetivos de estabilidad que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Incluso tras haber incumplido la regla de gasto en 2024, el Ejecutivo ha omitido su obligación de presentar un plan económico-financiero (PEF), mientras que exige ese mismo documento a las comunidades autónomas.

“¿Qué supervisión puede hacerse si el Estado no aporta ningún documento fiscal?”, se preguntó Herrero en rueda de prensa.

El desdén gubernamental no es menor: el Ministerio de Hacienda, en lugar de liderar con el ejemplo, ha ignorado la necesidad de transparencia y, en paralelo, ha impulsado partidas multimillonarias como el aumento del gasto en Defensa sin justificar su correspondencia con los planes aprobados ni desglosarlo ante el Congreso de los Diputados.

AIReF ha advertido además que los ajustes necesarios para cumplir la regla de gasto nacional en 2025 alcanzarían los 11.000 millones de euros, sumando la Administración Central (5.600 millones) y las autonomías (5.300 millones). Pero el panorama es aún más preocupante por la doble contabilidad normativa: mientras España cumplirá con la nueva regla europea, incumplirá de forma flagrante la española.

“El marco fiscal nacional es incompatible con el europeo”, ha señalado Herrero con preocupación.

La AIReF urge al Gobierno a armonizar la Ley de Estabilidad con las nuevas reglas fiscales de la UE, que entran plenamente en vigor este mismo año. Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha iniciado el proceso de transposición de la directiva comunitaria a la legislación nacional.

OPACIDAD Y DESIGUALDAD EN EL CONTROL PRESUPUESTARIO

El único documento presentado por el Ejecutivo ha sido un plan fiscal estructural, que, según denuncia la AIReF, no desglosa la información por subsectores y omite completamente a la Administración Central. Tampoco aporta proyecciones precisas, ni incluye medidas detalladas para garantizar el equilibrio presupuestario.

Mientras tanto, las comunidades autónomas han sido señaladas por sus propios incumplimientos. De las nueve regiones que han entregado un PEF, todas presentan riesgos de desviación. Cantabria y Cataluña son las que más información han facilitado, aunque con escasa concreción. En contraste, Madrid y Baleares proponen ajustes insuficientes, y regiones como Navarra, Galicia o Aragón han presentado planes sin medidas correctivas reales.

“Prometen mucho, pero no dicen ni cuándo ni cómo”, resume Herrero.

UNA FISCALIDAD EN DESCOMPOSICIÓN

El escenario, según la AIReF, es de colapso fiscal gradual:

• Descoordinación normativa,

• Ausencia de objetivos,

• Nulo control del gasto judicial,

• Retrasos sistemáticos, y

• Desaparición del calendario presupuestario.

En definitiva, España transita un ejercicio económico sin brújula fiscal, sin hoja de ruta y con una creciente pérdida de credibilidad institucional. La AIReF alerta de que esta crisis de gobernanza presupuestaria socava el marco económico y amenaza el cumplimiento de los compromisos con Europa.

“El deterioro del marco fiscal nacional es profundo, y su credibilidad está en entredicho”, concluye Herrero.