El debate sobre la Caja Única de la Seguridad Social ha resurgido tras los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas para su investidura, desencadenando discusiones a nivel nacional sobre su futuro y las posibles implicaciones para las pensiones públicas en distintas comunidades autónomas.

La controversia se centra en el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV, donde se contempla la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco en un plazo máximo de dos años. Este pacto, entre las diversas concesiones realizadas por los socialistas para asegurar el apoyo de sus socios, ha generado inquietudes sobre la viabilidad financiera de las pensiones en el contexto de una ruptura de la Caja Única.

El sistema de pensiones en España se sustenta en un modelo de reparto, donde los cotizantes actuales contribuyen mes a mes para financiar las prestaciones de los jubilados actuales, independientemente de su región de residencia. Si esta unidad contable se rompiera, y cada comunidad autónoma tuviera que sufragar el coste de las pensiones de sus jubilados, surgirían problemas financieros significativos, especialmente en regiones con una población envejecida.

No obstante, el acuerdo con el PNV presenta una peculiaridad. Aunque el País Vasco asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en su territorio, las pensiones vascas seguirán siendo sufragadas con las cotizaciones de todos los españoles. Esta transferencia, según informes, garantiza la financiación de las pensiones vascas mediante la "solidaridad" nacional, al tiempo que otorga al Gobierno vasco más recursos y funcionarios al asumir una competencia actualmente a cargo del Estado.

Un reciente informe del Instituto BBVA de Pensiones ha arrojado luz sobre la compleja relación entre el envejecimiento demográfico y la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. La tasa de envejecimiento en España ha aumentado en 9 puntos porcentuales desde 1980, siendo Asturias, Castilla y León, y Galicia las regiones más envejecidas, con más del 25% de su población mayor de 65 años.

Este envejecimiento demográfico se traduce en una disminución de la población activa y, en consecuencia, menos cotizantes para cubrir el coste de las pensiones. La "tasa de soporte", que mide la relación entre afiliados y pensionistas, revela disparidades regionales significativas. Cuatro regiones del noroeste y otras como Extremadura, País Vasco, La Rioja y Aragón se sitúan por debajo de la tasa de sostenibilidad, mientras que Madrid, Ceuta y Melilla lideran con tasas más favorables.

La Caja Única de la Seguridad Social desencadena una redistribución territorial, permitiendo que las regiones más jóvenes financien a las más envejecidas. Sin embargo, si se rompiera esta caja, el desequilibrio financiero sería considerable. Según el informe de BBVA, el déficit real de la Seguridad Social en 2022, descontando transferencias vía impuestos, fue de 38,600 millones de euros, un agujero equivalente al 25,3% del gasto en pensiones contributivas.

Este desequilibrio, aunque sustancial a nivel estatal, resultaría inasumible a nivel autonómico. Si cada autonomía tuviera que pagar las pensiones con sus propias cotizantes, ocho regiones, entre ellas Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Extremadura, País Vasco, La Rioja y Aragón, enfrentarían déficits superiores al 34%.

Las cotizaciones recaudadas en estas regiones no serían suficientes para cubrir el 60% del gasto en pensiones en algunos casos, lo que obligaría a realizar ajustes, incluyendo posibles recortes en las pensiones públicas. Únicamente Ceuta y Melilla, Baleares y Madrid presentarían superávit en este particular balance.

En resumen, el debate sobre la Caja Única de la Seguridad Social no solo resalta tensiones políticas sino que también revela desafíos económicos significativos. La complejidad del sistema de pensiones en España, sujeto a las dinámicas demográficas y las decisiones políticas, plantea preguntas cruciales sobre la solidaridad nacional y la sostenibilidad financiera regional.