40.000 euros por 474 lecturas: así malgasta el Gobierno de Sánchez el dinero en informes “fantasma”
La maquinaria burocrática del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en el punto de mira. Según ha podido saber Libre Mercado en exclusiva a través del Portal de Transparencia, distintos ministerios han invertido cientos de miles de euros en informes ideológicos y estudios técnicos que, en la práctica, no despiertan interés ciudadano ni tienen impacto efectivo en la gestión pública.
A través de 11 solicitudes de información, se ha detectado un patrón que se repite: elevadas sumas de dinero público destinadas a documentos con apenas unas decenas —o, en el mejor de los casos, cientos— de descargas.
Cientos de páginas, pocas lecturas
Uno de los ejemplos más llamativos es el informe “Mujeres en la Transición Ecológica 2025”, elaborado por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica. Costó casi 40.000 euros y, a fecha de septiembre, apenas registraba 474 descargas en total. Similar suerte corrió el estudio sobre desperdicio alimentario en España, con un coste de 259.120 euros y menos de 160 descargas combinadas entre sus versiones.
Otros documentos, como el Análisis sobre la discriminación entre autóctonos y extranjeros (17.424 euros), o el informe Brecha digital de género (realizado con medios internos), también muestran un impacto testimonial: 266 descargas en el mejor de los casos.
A pesar de los altos costes y la escasa repercusión, el Gobierno mantiene un ritmo constante de producción de informes, muchos de ellos gestionados por entidades próximas a su ideología o directamente por el Ministerio de Igualdad.
Estudios con sello político y resultados marginales
Algunos informes reflejan con claridad la agenda del Ejecutivo. El documento “La situación de las personas LGTBI+ con discapacidad en España”, financiado con 56.000 euros por el Ministerio de Igualdad, sumó apenas 148 descargas.
Tampoco resultó más popular el informe sobre mujeres en las artes visuales (5.250 euros), elaborado por el Instituto de las Mujeres y centrado en el análisis de museos y centros de arte. Sólo 89 personas accedieron a su contenido.
En el caso del informe “Impacto de los abusos sexuales en el cine y audiovisual”, realizado tras la polémica en torno al director Carlos Vermut, el Gobierno destinó 50.000 euros en subvención directa. Sin embargo, no se han ofrecido datos sobre su difusión, al no haberse hecho público al cierre de la solicitud de información.
Estudios millonarios frente al desinterés ciudadano
Quizás el caso más llamativo es el del informe Juventud en España 2024. El coste total ascendió a 226.929,38 euros y, a pesar de tratarse de un tema de interés transversal, sólo atrajo 2.848 descargas únicas, según los datos oficiales.
Otro ejemplo es el estudio sobre el nivel de digitalización de las pymes turísticas, financiado con 83.490 euros y consultado por 2.421 usuarios únicos. Aunque las cifras son algo superiores a la media, siguen siendo muy modestas si se considera el coste asumido por el erario.
Una estrategia de gasto sin retorno
La falta de eficiencia en la elaboración y difusión de estos estudios ha reabierto el debate sobre el uso partidista de los recursos públicos. Mientras muchas familias y empresas sufren las consecuencias del ajuste fiscal y la falta de servicios, el Ejecutivo continúa priorizando contenidos ideológicos en lugar de inversiones con impacto tangible.
Los casos recopilados por Libre Mercado revelan no sólo un despilfarro presupuestario sistemático, sino también una estrategia de gobierno que convierte la producción de informes en una herramienta de propaganda política más que en un instrumento de análisis o mejora de las políticas públicas.