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El Diario de Cantabria

TRIBUNALES

El técnico de Castro dice que está imputada por negarse a hacer el informe pericial

Un momento del juicio celebrado hoy. / J. RAMÓN
Un momento del juicio celebrado hoy. / J. RAMÓN
El técnico de Castro dice que está imputada por negarse a hacer el informe pericial

La técnico municipal de Castro Urdiales acusada en el caso de la Loma, Yolanda Sánchez, ha afirmado que está imputada porque el juez instructor, Luis Acayro Sánchez, le pidió que hiciera un informe pericial y ella se negó. "Quería dirigirme y le dije que era a todas luces ilegal", ha declarado.

Sánchez se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho, al igual que el ex arquitecto municipal Pedro Restegui. Ambos han sido los primeros acusados en declarar ante la Audiencia de Cantabria, una vez resueltas las cuestiones previas, y solo han respondido a las preguntas de sus abogados.

"Estoy aquí sentada porque no hice una pericial", ha afirmado la técnico al final de su declaración. Según su relato, el juez instructor quería abrir una "causa general" y "levantar todas las alfombras" en Castro Urdiales y contra ella no encontró "ningún ilícito penal" pero terminó imputándola porque se negó a realizar ese informe.

Ha dicho que el juez quería "dirigirla" y que se negó a su petición porque era "incompatible" con su condición de técnico del Ayuntamiento y su imparcialidad "se habría visto comprometida".

"Me dijo que hacía la pericial o me imputaba", ha añadido Sánchez, antes de asegurar que cuando el juez comprobó "por la vía de los hechos consumados" que se negativa era cierta, le dijo que se "iba a enterar". "Y vaya si me he enterado", ha lamentado.

Además de cuatro años de cárcel, el Ministerio Público pide para ella diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 442.336 euros con arresto sustitutorio de 30 días en caso de impago.

En su último escrito, tras contraer la causa y dejar fuera a 39 acusados, mantiene que la técnico recibió contraprestaciones económicas por promover o silenciar irregularidades urbanísticas.

En su declaración ha explicado que además de trabajar de técnico en el ayuntamiento, ejercía como abogada, actividades, ha señalado, que no eran incompatibles.

La defensa le ha preguntado por dos cantidades en una cuenta a su nombre (de 72.235 euros y de 132.222) y ha asegurado que ese dinero lo obtuvo de su actividad como abogada.

Según ha explicado, la primera le fue pagada en un cheque a su nombre por la propietaria de unas fincas, que quería venderlas y a principios de 1999 le pidió que hiciera las gestiones.

Ha subrayado que esos terrenos figuraban en el plan de 1996 como suelo urbanizable no programado y que entonces el SUNP 3 estaban sin desarrollar. No se había hecho, ha apuntado, ni reclasificación urbanística ni recalificación y por lo tanto no se produjo "pelotazo urbanístico alguno".

La técnico ha señalado que su intervención fue hacer una escritura de opción de compra a nombre de dos particulares que no eran promotores ni tenían intención de construir sino de "dar el pase", es decir, vendérselos a un tercero.

Ha relatado que se los cedieron a una promotora, una operación en la que ella no intervino, y que sus honorarios le fueron abonados en julio de 2002, como había quedado con su propietaria, que en 1999 le dijo que cobraría cuando se cerrase la venta porque entonces no podía pagarle.

El ex arquitecto municipal, al que la fiscalía reclama el pago de 1,8 millones de euros de multa, ha declarado que nunca pidió remuneración alguna a promotores y nunca recibió cantidad alguna al margen de su salario en el Ayuntamiento, donde trabajó hasta 2005.

Ha dicho también que no intervino en el desarrollo el SUNP 3 y que solo informaba sobre cuestiones relacionadas con edificación no sobre urbanización

Preguntado por los 240.000 euros en metálico que les fueron incautados, ha asegurado que proceden de trabajos profesionales, sobre todo para particulares, que ha justificado con la liquidación de Hacienda y están visados.

El técnico de Castro dice que está imputada por negarse a hacer el informe pericial
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