El Supremo confirma los 2,6 millones que el Gobierno regional debe pagar a la concesionaria del puerto de Laredo
12:33 20/07/21
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria respecto a la cantidad que el Gobierno regional debía pagar a la UTE concesionaria del Puerto de Laredo (Marina de Laredo) por la liquidación del contrato.
El Supremo comparte el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que determinó en 2019 que la cantidad que el Gobierno regional tenía que pagar a la UTE era de 2,6 millones frente a los más de 18 millones que pedía la parte demandante.
La Sala de lo Contencioso del TSJC cuantificó el importe que la Administración regional debía abonar a la concesionaria del puerto atendiendo a las características del contrato y al modelo de financiación establecido en el pliego de las cláusulas administrativas particulares y el plan económico financiero.
Para ello, los magistrados estudiaron la inversión total y restaron la financiación aportada por la Administración y la parte ya amortizada, además del importe ya abonado, 12,6 millones, por el rescate de la infraestructura.
Los demandantes aducían que la Administración había medido mal la obra ejecutada y la cuantía de liquidación del contrato. Pedían que se la condenara a pagar 18,6 millones, más los intereses de demora, es decir, los 31,3 millones que reclamaban como condena menos 12,6 millones ya abonados.
Pero ese argumento no fue aceptado por la Sala de lo Contencioso del TSJC, que condenó solo al pago de 2,6 millones del IVA que en su día el Ministerio de Hacienda devolvió al Ejecutivo regional en lugar de a la constructora.
Y ello porque los magistrados no aceptaron los cálculos de la demandante, la UTE Puerto de Laredo (que forman FCC y Ascan).
La representación legal de la UTE recurrió ante el Tribunal Supremo, que en una sentencia consultada por Efe ha rechazado sus pretensiones, entre ellas que la cantidad aportada por la Administración tenga que verse aumentada con el beneficio industrial del 6 %, como reclamaba. ![Publicidad 171034]()
El Supremo comparte el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que determinó en 2019 que la cantidad que el Gobierno regional tenía que pagar a la UTE era de 2,6 millones frente a los más de 18 millones que pedía la parte demandante.
La Sala de lo Contencioso del TSJC cuantificó el importe que la Administración regional debía abonar a la concesionaria del puerto atendiendo a las características del contrato y al modelo de financiación establecido en el pliego de las cláusulas administrativas particulares y el plan económico financiero.
Para ello, los magistrados estudiaron la inversión total y restaron la financiación aportada por la Administración y la parte ya amortizada, además del importe ya abonado, 12,6 millones, por el rescate de la infraestructura.
Los demandantes aducían que la Administración había medido mal la obra ejecutada y la cuantía de liquidación del contrato. Pedían que se la condenara a pagar 18,6 millones, más los intereses de demora, es decir, los 31,3 millones que reclamaban como condena menos 12,6 millones ya abonados.
Pero ese argumento no fue aceptado por la Sala de lo Contencioso del TSJC, que condenó solo al pago de 2,6 millones del IVA que en su día el Ministerio de Hacienda devolvió al Ejecutivo regional en lugar de a la constructora.
Y ello porque los magistrados no aceptaron los cálculos de la demandante, la UTE Puerto de Laredo (que forman FCC y Ascan).
La representación legal de la UTE recurrió ante el Tribunal Supremo, que en una sentencia consultada por Efe ha rechazado sus pretensiones, entre ellas que la cantidad aportada por la Administración tenga que verse aumentada con el beneficio industrial del 6 %, como reclamaba.
