Así lo ordena la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en un auto dictado esta semana, en el que requiere «personalmente» a la regidora pejina para que lleve a efecto el citado realojo y demás actuaciones necesarias e informe, también antes el lunes, de las actuaciones a este tribunal. En la resolución, los magistrados recuerdan que, con motivo de esta actuación, ya requirieron a la alcaldesa que antes del pasado 23 de abril les diera cuenta del realojo proyectado por el Ayuntamiento, para poder acometer las obras de demolición. El Consistorio trasladó al TSJC el acuerdo para reubicar a los vecinos empadronados en este inmueble en viviendas de alquiler, con un coste de hasta 600 euros al mes, a través de una agencia inmobiliaria de la localidad.

Sin embargo, no aportó a la sala el calendario de realojo, «a pesar de que tenía que haberse llevado a cabo hace más de un mes», lo que conllevará un aumento de los costes por el retraso de la ejecución de la demolición ya proyectada. «Cada día de retraso en la ejecución de los realojos supondrá la imposición de nuevas multas o acudir a cualquiera otro de los mecanismos» previstos en la ley, avisan los jueces de lo Contencioso Administrativo, entre las que destacan la posibilidad de elevar testimonio de las actuaciones al juzgado de guardia y al Ministerio Fiscal, para que comprueben la existencia de posibles responsabilidades penales.

UxL pide celebrar pleno para informar sobre el derribo

Unidos x Laredo (UxL) ha solicitado a la alcaldesa, Rosario Losa, la celebración de un pleno extraordinario y urgente para informar de la actual situación del derribo parcial del edificio Tenis.

La corporación considera que se debe aclarar si es el Ayuntamiento o son los propietarios del edificio Tenis quienes deban pagar los gastos derivados del derribo parcial. «Y en caso de que sean los propietarios, como va a recuperar el ayuntamiento el dinero adelantado», señala la formación.

El TSJC anuló el 25 de marzo el decreto de Alcaldía por el que se autorizaba a la empresa pública Tragsa a comenzar un mes después los trabajos de demolición parcial del edificio Tenis de Laredo tras 30 años de enquistamiento.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió las alegaciones de los vecinos a ese decreto que «contenía aseveraciones relativas a que todos los gastos que lleve aparejada la ejecución de la sentencia, incluidos los gastos del desalojo y realojo, vayan a repercutirse a los vecinos». 

También amenazaba con «cortes de suministro y con no realizar las obras de remate interior de las viviendas». Ese día estaba previsto que la empresa comenzase a levantar el acto de replanteo de unos trabajos que incluyen el derribo parcial de los vuelos o terrazas de la residencia, concretamente, de todo lo construido bajo cubierta por encima de la línea teórica de 45 grados a contar desde el plano de la fachada, en base a una resolución judicial, firme desde 1992, e impulsada por providencia el 25 de enero de este año.