El pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales rechazó ayer lunes, por segunda vez, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para trasladar la empresa conservas Lolín al Polígono de Vallegón, tras la repetición de la sesión celebrada hace tres meses y que fue anulada por el juzgado por «fraude de ley». Para llevar a efecto ese cambio de tipo de suelo de industrial a comercial, donde en la actualidad se asienta la fábrica, era necesario un respaldo mayoritario de los miembros de la Corporación que tampoco se ha producido en esta convocatoria extraordinaria, celebrada por primera vez de forma telemática en la historia de Castro Urdiales y que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del coronavirus.

La propuesta contó con la abstención del equipo de gobierno (PSOE-Ciudadanos) y el PP, cuyos ediles se ausentaron en la anterior cita presencial. Los grupos municipales del PRC -sin contar con su portavoz, Jesús Gutiérrez, al ser parte interesada- y CastroVerde votaron a favor de la modificación puntual del planeamiento para cumplir con el convenio firmado por el Ayuntamiento y conservas Lolín en la pasada legislatura, que también fue apoyada por el único edil de Podemos, Alberto Martínez, que en la anterior ocasión votó en contra. Si bien se opone «rotundamente al convenio», Martínez considera que su postura está condicionada por «decisiones judiciales que no gustan» y que, en su opinión, implican votar contra su «libre criterio». «Me tengo que tragar el inmenso y nauseabundo sapo que ha cocinado CastroVerde y PRC y votaré que sí, aunque con la nariz tapada», lamentó.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, cuyo titular es Luis Acayro Sánchez, declaró nulo de pleno derecho el acuerdo plenario del pasado 4 de febrero y solicitó su repetición «de conformidad al expediente tramitado». El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admitió el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales contra ese auto, por lo que el acuerdo de ayer estaría supeditado a ese pronunciamiento.

La edil del PRC, Carla Urabayen, defendió que la «única decisión política» ajustada a derecho es «el voto favorable» a la modificación del planeamiento, porque de lo contrario se estaría incurriendo, dijo, en «un acto contaminado por la prevaricación y con posibles responsabilidades económicas». En este sentido, el portavoz de CastroVerde, Eduardo Amor, descartó la «intromisión de la Justicia» en la política municipal y considera que se actúa «contra decisiones arbitrarias o caprichosas que contravienen el interés general». Una afirmación que, a su juicio, viene determinada en el auto cuando se apela a la «coherencia» de la propia tramitación del expediente, iniciado en 2017, ya que «al contar con todos los informes favorables, el resultado natural debería ser la aprobación».

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Alejandro Fernández, argumentó que en los documentos preceptivos de Demarcación de Costas y de la Crotu, además de advertir de que la parcela sobre la que se asienta conservas Lolín se encontraría en «zona inundable», no se clarifican «todos los condicionantes sectoriales». «Creemos que el expediente sigue sin estar preparado para una aprobación definitiva», subrayó Fernández, quien defiende que «como mínimo» se tendría que elaborar un texto que aclarase todas las posibles afecciones para «evitar demandas patrimoniales» contra el Ayuntamiento. Defendió que el grupo municipal socialista mantiene los mismos «criterios de coherencia» a la hora de abstenerse en la firma del convenio urbanístico de hace tres años y, ahora, con la modificación puntual número 23 del PGOU. Por otro lado, Fernández advirtió de que conservas Lolín no ha cumplido con la cláusula del convenio urbanístico por la que debe acreditar la adquisición de una parcela en el Polígono de Vallegón y demostrar solvencia económica para la construcción de las nuevas instalaciones.

Un extremo que también compartió la portavoz del PP, Ana Urrestarazu, quien, por ello, remarcó que el Ayuntamiento está siendo en ese punto «muy generoso» con la mercantil. También suma la existencia de informes administrativos que siembran «dudas» sobre el convenio y que «ningún técnico ha sabido despejar para dar tranquilidad a la hora de emitir el voto», sostuvo.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José María Liendo, dijo que su formación no está en contra del proyecto urbanístico porque puede ser «positivo», si bien le gustaría que fuera «más ambicioso» en cuanto a su ampliación, con el fin de poder trasladar otras empresas.

El convenio urbanístico firmado entre Ayuntamiento y conservas Lolín permitía sacar una empresa «molesta», en términos medioambientales y de ruido, del centro de Castro Urdiales al Polígono de Sámano.

En el solar dejado por la conservera se construiría un centro comercial después del cambio de uso de suelo, así como la cesión de un espacio del edificio al Ayuntamiento y la construcción de mejoras en el área de Brazomar.