El Gobierno de Sánchez amenaza con derribar parte del paseo marítimo de Laredo

Laredo podría perder parte de su paseo marítimo si el Pleno Municipal no aprueba las condiciones de la rehabilitación fijadas por Costas. Lo ha anunciado el alcalde, Miguel González, después de que el Ministerio haya advertido al Consistorio de que, en caso de no aceptar los requisitos estatales, ordenará la demolición de la zona afectada y será el propio Ayuntamiento quien tenga que pagar la factura.

Otra vez el Estado. Otra vez Madrid. Otra vez esa maquinaria fría, autoritaria y ajena a la vida real de los pueblos, que firma expedientes como quien corta flores secas, sin mirar la raíz, sin escuchar el mar, sin entender que un paseo marítimo no es solo piedra, baldosa y cemento: es memoria, economía, verano, infancia y patria chica.

El alcalde pejino ha apelado a la responsabilidad de la oposición y ha anunciado la celebración de un nuevo Pleno extraordinario. Allí, cada uno de los 17 concejales de la Corporación tendrá que decidir ante los laredanos si quiere salvar el paseo o si quiere ser recordado como uno de los concejales que firmó su demolición.

Un ultimátum de Costas contra Laredo

La amenaza afecta a unos 20.000 metros cuadrados del paseo marítimo de Laredo, una zona que el Ministerio para la Transición Ecológica considera dentro del dominio público marítimo-terrestre. Si el Pleno no acepta el condicionado estatal, Costas podría iniciar el expediente para derribar parte del paseo.

No es una cuestión menor. El derribo costaría al Ayuntamiento más de cuatro millones de euros, según las estimaciones trasladadas por el propio regidor. Es decir, primero se amenaza con destruir un espacio público esencial y después se obliga a los vecinos a pagar la demolición. La fórmula perfecta del intervencionismo socialista: imponer, destruir y pasar la factura.

Mientras el Gobierno de Cantabria trabaja para impulsar la remodelación del paseo marítimo de Laredo, con una inversión millonaria prevista, el Estado aparece con el martillo en la mano. Donde unos quieren rehabilitar, otros amenazan con derribar.

El paseo de Laredo, mucho más que una obra pública

El paseo marítimo es una de las grandes señas de identidad de la villa. Su valor no se mide solo en metros cuadrados ni en informes técnicos. Se mide en las generaciones que lo han caminado, en los comercios que viven del turismo, en los mayores que miran la Salvé cada tarde y en los niños que aprenden allí a pertenecer a un lugar.

Laredo no es una línea en un plano de Costas. Es una villa histórica, marinera, abierta al Cantábrico, con una playa que forma parte del imaginario de toda Cantabria. Como ya ha contado este periódico, la playa de La Salvé y su entorno son un caso singular dentro del litoral cántabro, un espacio vivo donde paisaje, turismo e identidad local caminan juntos.

Pero a determinada burocracia estatal le molesta todo lo que tiene arraigo. Le incomoda la permanencia. Le estorba lo que los vecinos sienten como suyo. Y entonces llega el expediente, la advertencia, el ultimátum y la amenaza.

La oposición tendrá que retratarse

El mensaje del alcalde es directo: la oposición no puede esconderse. No puede jugar a la política pequeña mientras Laredo se juega una parte esencial de su fachada marítima. Cada concejal tendrá que decidir si está con los vecinos o con el dogal administrativo de Costas.

El Pleno extraordinario será, por tanto, mucho más que una votación. Será una fotografía moral. Una de esas ocasiones en las que la política deja de ser discurso y se convierte en responsabilidad. Porque no se puede hablar de defender Laredo y, al mismo tiempo, permitir que el Estado avance hacia la demolición de su paseo.

El propio alcalde Miguel González ya ha situado en varias ocasiones la revitalización urbana como una prioridad para el municipio, dentro de una hoja de ruta que también pasa por aprobar un nuevo planeamiento y recuperar espacios estratégicos de la villa, como explicó en una entrevista publicada por ALERTA.

Madrid ordena; los vecinos pagan

El caso de Laredo resume una enfermedad política muy española: el centralismo disfrazado de ecologismo. Un Ministerio decide desde lejos, impone condiciones y amenaza con sanciones, mientras los ayuntamientos quedan atrapados entre la obediencia y la ruina económica.

El litoral de Cantabria necesita protección, sí. Nadie lo discute. Pero proteger no puede significar arrasar. Cuidar la costa no puede convertirse en castigar a los municipios que durante décadas han construido su vida alrededor del mar.

Cantabria tiene una riqueza litoral extraordinaria, desde sus playas hasta sus sendas costeras, como ha reflejado este diario al recorrer las rutas por la costa de Cantabria. Precisamente por eso, la defensa del paisaje debe hacerse con inteligencia, no con imposición sectaria ni con amenazas de piqueta.

Laredo debe plantar cara

El paseo marítimo de Laredo no puede quedar a merced de una firma ministerial. No puede aceptarse que una infraestructura integrada en la vida diaria del municipio sea tratada como una anomalía a corregir.

Hay momentos en los que los pueblos deben hablar alto. No con gritos vacíos, sino con firmeza. Laredo debe defender su paseo, su economía, su historia y su dignidad municipal. Porque si hoy se acepta sin resistencia este ultimátum, mañana cualquier otro municipio costero podrá recibir una carta semejante.

Lo que está en juego no es solo una obra. Es el modelo de país. O una España de municipios vivos, con autonomía real y respeto a su historia, o una España de ministerios mandones, fría como un sello oficial, donde la izquierda burocrática decide desde un despacho qué parte de la vida local merece seguir en pie.

Y Laredo, con el mar delante y la memoria detrás, no puede permitir que otros escriban su demolición.