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El Diario de Cantabria

CASTRO TRIBUNALES

La Audiencia admite nueva documentación del Ayuntamiento de Castro en el juicio de La Loma

"Hay tanta mierda ahí", afirma el exarquitecto Restegui en una grabación de 2008, y añade que "quien cortaba el bacalao era Javier"
La Audiencia admite nueva documentación del Ayuntamiento de Castro en el juicio de La Loma

La Sección Tercera de la Audiencia provincial ha admitido la documentación aportada por el Ayuntamiento de Castro Urdiales durante el transcurso del juicio de La Loma, así como varios certificados del Consistorio sobre la situación urbanística de los sectores SUNP 3, 4 y 7, que han sido presentados este mismo miércoles, pero no por el letrado del Ayuntamiento sino por la abogada de uno de los acusados.

Esta documentación, emitida por el Ayuntamiento en septiembre, ha sido motivo de polémica durante el juicio al denunciar la Junta Vecinal de Santullán --que ejerce la acusación particular--, que no estaba incorporada a la causa pese a que la Fiscalía se basó en su contenido para retirar los cargos a 39 de los 45 acusados iniciales y limitar los hechos a enjuiciar a las irregularidades en el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable SUNP 12 de Santullán.

La sala, que preside el magistrado Agustín Alonso, ha admitido también documentación aportada en el día de ayer por la Junta Vecinal de Santullán, en concreto el acuerdo del Pleno que declaraba nulo el convenio de la Pedanía con Vallehermoso.

La nueva documentación aportada por el Ayuntamiento de Castro el pasado 4 de febrero, y que hoy ha sido incorporada a la causa, se refiere a la construcción del depósito de agua de La Loma y la modificación del plan parcial del SUNP 12, cuya nulidad solicitan la Fiscalía y la Junta Vecinal de Santullán, que también piden la demolición de 46 chaléts construidos por la promotora Vallehermoso en la zona.

RECTA FINAL

Este miércoles se ha concluido la práctica de pruebas, de forma que el juicio, que comenzó el pasado 1 de octubre, entra ya en su recta final. Este jueves la Fiscalía y Santullán presentarán sus informes y se sabrá si mantienen o modifican su acusación inicial.

A partir del lunes será el turno de las defensas, y el jueves 27 los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra. La sala ha citado para esta última sesión a todos los acusados, incluidos todos aquéllos a los que la Fiscalía retiró los cargos al principio del juicio.

La macrocausa de La Loma, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, llegó a la Audiencia con 45 acusados para los que la Fiscalía solicitaba cerca de 200 años de cárcel.

La decisión de la fiscal, Pilar Santamaría, de "contraer" la causa al SUNP 12 y retirar los cargos a 39 acusados -todos menos seis-, propició que se retiraran de la causa todas las acusaciones particulares salvo la Junta Vecinal de Santullán, y dejó el número final de acusados en 13, entre ellos los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, acusados de prevaricación y cohecho, respectivamente.

GRABACIÓN DE PEDRO RESTEGUI

En la sesión de este jueves se ha reproducido, a petición de Fiscalía y Santullán, una grabación de una conversación telefónica que uno de los acusados, el exarquitecto municipal Pedro Restegui, mantuvo en noviembre de 2008, tras ser detenido por orden del juez instructor, Luis Acayro Sánchez, titular del Juzgado nº 2 de Castro.

En ella habla sobre lo que le ha ocurrido con un hombre que se identifica como José Antonio, y le explica que "fue todo por un informe" que el gerente de Urbanismo, Pablo Sámano, le dio a firmar diciéndole que era un certificado de infraestructuras para tramitar un plan parcial.

Durante la conversación, Restegui utiliza expresiones del tipo "hay tanta mierda ahí..", y añade "el que cortaba el bacalao era Javier, ahí lo sabe todo dios". También le cuenta que "le han trincado 40 millones que tenía en la oficina", que "ni siquiera era en B", sino que era de trabajos a "particulares y de años de profesión".

La persona con la que habla le dice: "como le metan mano a Javier, se la mama el PSOE", y él responde: "hombre, por supuesto, pero éste es fino, éste es más listo que yo, no tendrá el dinero ahí en casa, sabes, en el estudio. Irá a lo seguro. Y ahora con la redada que me han pegado a mí, habrá limpiado todo dios los fajos por ahí".

La Fiscalía considera a Pedro Restegui autor de un delito continuado de cohecho y solicita para él cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros e inhabilitación para cargo o empleo público de diez años.

ACUSADOS Y CARGOS

En total el ministerio fiscal acusa a seis personas por la aprobación de instrumentos urbanísticos irregulares en el SUNP 12, y sostiene que algunos de los acusados que ostentaban cargo público recibieron contraprestaciones económicas por "promover y silenciar las irregularidades administrativas en la tramitación" de los instrumentos urbanísticos señalados.

Por todo ello, advierte la comisión de delitos de cohecho, prevaricación y prevaricación urbanística, así como falsedad documental en concurso con prevaricación. La Fiscalía atribuye al exalcalde Muguruza un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que solicita diez años de inhabilitación y dos de prisión.

Para Díaz Helguera pide cuatro años de prisión, inhabilitación para cargo público durante diez años y multa de 149.000 euros por un delito continuado de cohecho.

Asimismo, al que fuera secretario municipal de Castro Urdiales, César Sáiz, le atribuye un delito de falsedad documental en concurso con prevaricación, otro delito de prevaricación y un delito continuado de cohecho, sumando las penas pedidas siete años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros.

Por su parte, la fiscal solicita para la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Yolanda Sánchez, una pena de cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho.

Finalmente, la Fiscalía también acusa al promotor inmobiliario Valentín Galdós Tobalina, al que atribuye delito de falsedad documental y otro de cohecho, por los que pide cinco años de cárcel, y multa de 39.000 euros.

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