Tras doce años de instrucción y catorce hasta el juicio, la Audiencia de Cantabria ha cerrado un capítulo importante en la macrocausa urbanística de La Loma de Castro Urdiales con una sentencia que pone negro sobre blanco en una de las causas judiciales que en su día sacudió al municipio. Ayer se ha conocido que de 45 acusados iniciales solo hay tres condenados con unas penas que podrían antojarse cortas a tenor de lo que se barruntaba al inicio del proceso.

La sección tercera de la Audiencia ha dado carpetazo a su participación en este asunto con las condenas al ex alcalde Fernando Muguruza, al ex secretario municipal César Saiz, y al arquitecto y promotor Valentín Galdós, y ha absuelto a diez personas, que salen libres de cargos junto a las más de 30 a las que se retiró la acusación al inicio del juicio. Ahí precisamente se dio el estocazo a este procedimiento. Fue la fiscal responsable de Medio Ambiente, Pilar Santamaría, la que dio un giro de 180 grados frente a lo que se venía sosteniendo hasta el momento, al liberar de la acusación a una treintena de personas. La razón: había nuevos elementos «a ponderar».

De solicitar 200 años de prisión para 45 acusados se pasó a una petición fiscal más afinada, y dirigida solo a seis personas. Las condenas a un ex alcalde, un ex secretario municipal y un promotor se quedan, sumando los tres, en 5 años de cárcel y 17 de inhabilitación. Y si inicialmente se hablaba de supuestos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documento público y documental, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documento público y estafa, todo quedó, grosso modo, en tres figuras delictivas: prevaricación, falsedad documental y cohecho.

Desde el primer día de juicio la causa quedó herida de muerte y ha sido la sentencia que se ha conocido este jueves la que ha puesto una nueva banderilla, porque de las trece personas que quedaron en el banquillo la condena se ha concretado solamente en tres. Quedan absueltos otro ex alcalde, Rufino Díaz Helguera, quienes formaron parte de la junta de gobierno local, una funcionaria de Urbanismo y dos técnicos municipales: el arquitecto y la ingeniera.

Gran parte de la explicación de por qué las penas han quedado tan disminuidas respecto a lo que se vislumbraba reside en esa retirada de la acusación fiscal al grueso de los encausados, que supuso una sorpresa mayúscula en la primera sesión del juicio. Pero ese motivo no es el único que se ha conjurado para dulcificar el panorama de los procesados. La propia sentencia de la sección tercera de la Audiencia, clara, didáctica y bien redactada, explica que con el tiempo (esta instrucción realmente ha sido muy larga) algunas de las irregularidades urbanísticas en las que entraba este asunto se han ido subsanando.

Ha sido el caso de uno de los problemas más llamativos que se dieron en La Loma, una zona de unas 300.000 metros cuadrados donde no estaban garantizadas infraestructuras básicas, como el suministro de agua. El tema del agua se ha resuelto con la autorización de un depósito cuya construcción comenzó el pasado año y esta circunstancia ha hecho decaer acusaciones. Además, otros defectos formales detectados se han ido subsanando.

A todo ello se unen un justificadísimo reconocimiento de dilaciones indebidas muy cualificadas, con su correspondiente rebaja de la condena. Unas dilaciones que hasta la acusación particular ha reconocido. Y no podría ser de otro modo en una causa que se ha prolongado más de una década.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO. Lo cierto es que podría decirse que se ha producido una tormenta perfecta que ha dejado en mucho ruido, sobre todo mediático, este asunto. Para el recuerdo quedan episodios chocantes, como detenciones a la puerta del colegio o la imagen del ex alcalde condenado Muguruza en prisión provisional en El Dueso, una imagen que quedó inmortalizada en la prensa regional. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Agustín Alonso, recoge que esta causa «ha sido instruida de forma poco ordenada» y «en un ‘totum revolutum’». Se habla de informes patrimoniales que no se sabe de dónde han salido y se critica que no haya resoluciones judiciales que den soporte a pasos de tanta envergadura como un examen exhaustivo de cuentas corrientes. Pero a la vez la sentencia tira por tierra el reproche recurrente de muchas defensas de investigados en las causas urbanísticas castreñas que, como esta de La Loma, llevó adelante el instructor Luis Acayro Sánchez, ahora juez de lo Contencioso en Santander y candidato a ocupar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Y es que la sentencia de la sección tercera rechaza de plano que haya habido falta de imparcialidad o que se haya hecho una investigación «prospectiva», de las que prohíbe la jurisprudencia: los indicios apuntaban a que no se trataba de hechos aislados sino de una trama urbanística.

Lo cierto es que el peregrinaje de la causa de La Loma en la Administración de Justicia no termina en la Audiencia de Cantabria. Falta el recurso al Supremo, con lo que aún queda margen para nuevas vueltas de tuercas. Eso sí, con poco margen para la sorpresa ya.