26.04.2024 |
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CARTES

Seis meses sin poder entrar en su casa: Yermo un pueblo enfrentado por los socialistas

La mitad de los vecinos de esta pequeña localidad han levantado la voz ante lo  que consideran «un abuso de poder» con licencias de obra concedicas que «perjudican gravemente» a vecinos, líneas amarillas de prohibido aparcar en todo el pueblo o zonas de aparcamiento insuficientes

Marta, vecina de Yermo al lado de la valla instalada delante de su entrada, y que impide el acceso rodado a su parcela. / ALERTA
Marta, vecina de Yermo al lado de la valla instalada delante de su entrada, y que impide el acceso rodado a su parcela. / ALERTA
Seis meses sin poder entrar en su casa: Yermo un pueblo enfrentado por los socialistas

Hace tres años comenzó el calvario de Marta, una vecina de Yermo, localidad de no más de 50 habitantes del municipio de Cartes. En 2019 decidió irse a vivir a este pequeño pueblo con sus animales, para comenzar una nueva etapa en su vida, alejada del ruido de la ciudad, y poder disfrutar de la tranquilidad que ofrecen estas zonas rurales. Pero ha resultado todo lo contrario. Vive desde hace meses un infierno, se siente «abandonada e ignorada» por el Ayuntamiento, convive con unos vecinos «claramente» divididos y tensionados, por la relación que existe entre la mitad de los aldeanos, cuyos parentescos familiares con miembros del Ayuntamiento, hace muy difícil la buena convivencia.

Resulta que en noviembre de 2022, esta vecina, vio como se instalaba una valla perimetral delante de la entrada de su vivienda, imposibilitando el acceso con su vehículo a su propia casa.

El vecino que obtuvo la licencia de obra del Ayuntamiento para construir esa valla, resulta tener un parentesco directo familiar con el propio alcalde de Cartes, Agustín Molleda Gutiérrez, lo que resulta bastante curioso, que obtenga esa licencia municipal, cuando perjudica «gravemente» a un tercero, en el acceso a su vivienda. 

«Construyeron la valla con nocturnidad y alevosía, no me notificaron nada; si en ese momento tengo el coche dentro de mi parcela, ya no hubiera podido sacar mi coche en la vida», denuncia Marta, que ha enviado sendos escritos al Ayuntamiento, incluso mensajes privados por la red social del propio alcalde, pero «me han hecho caso omiso».

El conflicto en el pueblo comenzó, según nos cuenta esta vecina, hace años, cuando se instaló en la casa que compró con su esfuerzo y ahorros de toda una vida. En ese momento, solicitó quitar un poste de la luz implantado en mitad de la entrada de su parcela, pero le hicieron «caso omiso» y a día de hoy sigue el poste de luz instalado, tres años después.

«Al día siguiente de llegar, pintaron una franja amarilla de prohibido aparcar sólamente en la casa del vecino, no había ni una sola línea más en todo el pueblo», nos cuenta Marta.

Semanas después, continúa esta vecina afectada, dice que «mientras espero que el Ayuntamiento mueva el poste de luz, comienzo a cerrar con una valla mi parcela, y es en ese momento cuando el vecino comienza a aparcar delante de mi entrada, y a poner el coche delante de mi portilla». 

«Y en noviembre de 2022, aparecen unas marcas topográficas en el suelo delante de mi portilla, yo consulto al alcalde y me dice que no sabe nada, y días después, aparece el vallado del vecino delante de la entrada, impidiendo que yo pueda entrar».

LA DENUNCIA. Esta vecina considera y así lo atestigua en las denuncias formuladas y presentadas, es que la licencia de obra concedida no es conforme a derecho.

Por un lado, según consta en la denuncia, «el Sr. Alcalde debió abstener en la concesión de la licencia al ser el solicitante, pariente dentro de 4º grado de consanguineidad». 

Conforme a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 23, las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, que tengan un vínculo de parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior de inmediato, quien resolverá lo procedente. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.

Por otro lado, continúa la denuncia, «el cerramiento construido, no cumple con las distancias de retranqueo que todo cierre debe guardar a un vial municipal con el que linda, y además incumple la normativa de seguridad vial, incendios y emergencias, impidiendo el acceso de los vehículos de extinción de incendios, ambulancias y emergencias sanitarias en caso de urgencia vital o incendio, dificulta el acceso peatonal e impide el rodado».

También se solicita la retirada de una columna del tendido de iluminación municipal ubicado frente al acceso-salida de la propiedad, que junto con el vallado provoca un gravamen a la libertada de la propiedad al resultar un obstáculo que impide el acceso y salida de la propiedad. Esta solicitud no ha sido contestada por el Ayuntamiento de Cartes a día de hoy, y según la Ley 39/2015, se recoge la obligación de resolver de forma expresa y en los plazos establecidos cuantas solicitudes, reclamaciones y recursos sean presentados por los ciudadanos.

Por último, considera que «la obra ejecutada no se corresponde con la licencia concedida, pues se han instalado más postes e los autorizados y un tramo mayor de malla, entre otros».

LA RAÍZ DEL PROBLEMA, LOS APARCAMIENTOS. María, otra vecina de Yermo «de toda la vida», cuenta que la raíz del problema comenzó cuando el Ayuntamiento rehabilitó el entorno de la Iglesia de Santa María con una zona adoquinada alrededor del monumento.

Como consecuencia de ello, los servicios municipales han marcado con líneas amarillas todo el pueblo, imposibilitando el aparcamiento de sus lugareños, para «proteger el monumento», según les contestó el Ayuntamiento. «El problema viene cuando la policía municipal ha comenzado a multar a los vecinos del pueblo, con multas de 200 euros por aparcar en mi propia casa», denuncia esta vecina, que tras varias reclamaciones, ha conseguido que retiren las multas. 

«A mí me mandan un concejal a controlar día y noche, a ver dónde aparco, a las 06:00 h de la madrugada, a sacar fotos por mi calle», denuncia esta vecina, que lamenta cómo la policía municipal «se jacta»de la actuación del concejal, a sabiendas de lo que ocurre y no hacen nada», denuncia.

El Ayuntamiento construyó 15 plazas de aparcamiento junto a las antiguas escuelas, considerando que son suficientes para todo el pueblo, aunque los vecinos opinan que «no sirven para los 50 vecinos, y menos cuando vienen turistas a visitar la iglesia o vienen al cementerio, no entramos», concluyen.

Alcalde y concejales durante el pleno de enero cuando se aprobó los presupuestos de este municipio.
Alcalde y concejales durante el pleno de enero cuando se aprobó los presupuestos de este municipio.

Antecedentes de prevaricación en la Alcadía socialista de Cartes

Cartes estuvo gobernado por el PSOE de 2001 a 2011, hasta que el exalcalde socialista, Saturnino Castanedo, fue condenado a más de ocho años de inhabilitación por ser autor de un delito continuado de prevaricación, y pasó a manos del PP hasta 2015, cuando el PSOE volvió a tomar el mando del hasta el día de hoy

El Ayuntamiento de Cartes ya sufrió hace años algún caso de prevaricación con un gobierno socialista. El exalcalde del PSOE Saturino Castanedo, antecesor del actual regidor, fue condenado por «contratar obras sin expediente administrativo, sin contar con consignación presupuestaria previa e impidiendo que el órgano interventor realizara su labor fiscalizadora».

La sentencia, de ocho años y siete meses de inhabilitación, detalla que quien fue alcalde de Cartes entre 2001 y 2011 «adjudicó unilateralmente diversas obras que debían efectuarse en el Ayuntamiento a determinadas empresas sin seguir la legislación vigente».

Añade que lo hizo «sin incoar ni seguir procedimiento de contratación ninguno y además sin contar con crédito ni consignación presupuestaria, e impidiendo igualmente a los órganos interventores del Ayuntamiento su labor de fiscalización y control establecida, con lo que las resoluciones dictadas eran nulas de pleno derecho y por tanto inbsubsanables». La Audiencia señala además que «a sabiendas de la nulidad de tales resoluciones de las que se derivaban las facturas por la ejecución de las obras contratadas y pese a la fiscalización de disconformidad efectuada, se dictó resolución acordando el reconocimiento y liquidación de dichas obligaciones».

Añade la sentencia que tanto los testimonios de los testigos, como los informes periciales y la «copiosa documental» «acreditan sin dejar lugar a dudas cual fue la actuación del acusado».

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