El Juzgado acepta la petición de Alfoz para no tirar las viviendas sociales de Oreña
20:39 14/11/20
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha acordado estimar el incidente de imposibilidad legal pedido por el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, lo que evita de momento el derribo de las 61 viviendas de protección oficial construidas en Oreña por una empresa privada.
En un auto, el magistrado basa su decisión en la complejidad de las distintas resoluciones judiciales que afectan a la parcela, así como aquellas otras que anulaban la licencia que amparaba su construcción.
Aunque su resolución no es firme porque se puede recurrir en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de 15 días, el magistrado acuerda abrir una pieza separada para la determinación de los perjuicios y la indemnización procedente.
La promoción objeto de estos litigios consta de 61 viviendas de protección oficial de régimen general ubicadas en Oreña, de ellas 50 pisos de 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina, con garaje, trastero y plaza de aparcamiento adjunta.
También se construyeron 11 chalets adosados, de 3 habitaciones en 3 plantas, con 3 baños, garaje y trastero y parcelas privadas de entre 30 y 70 metros.
En el centro de la promoción, se tenía previsto dotar a las viviendas de una zona deportiva con iluminación.
En los bajos de uno de los bloques estaba previsto un local de 180 metros cuadrados para ser ocupado por el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, que ubicaría en el inmueble un gran salón principal para la instalación de un centro social municipal.
Para ello, el pleno del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo aprobó a finales de 2008 un estudio de detalle de la parcela, aunque una empresa del sector promovió un contencioso contra este estudio de detalle presentado en junio de 2009 por la constructora, al incluir un tercer vial de nueva apertura que no se adaptaba a las normas subsidiarias.
Esta circunstancia ha derivado desde entonces en varias resoluciones judiciales, entre ellas una de 2014 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que confirmó la nulidad de la licencia para construir las viviendas, alguna de ellas ya habitadas.
Tras esas sentencia, la empresa inmobiliaria que inició la causa judicial, al no permitirle el Ayuntamiento construir en Cóbreces una urbanización similar, solicitó el derribo de las viviendas sociales objeto de esa resolución.
Por su parte, el alcalde de Alfoz, Enrique Bretones, en un comunicado, asegura que con el último auto del Juzgado de lo Contencioso "el Ayuntamiento ha conseguido terminar de regularizar varias sentencias de derribo que tenía el municipio, algo que era una herencia complicada".
Así, destaca que entre los edificios que se han regularizado estarían el Hotel Puerto Calderón y los chalets de Novales. ![Publicidad 171034]()
En un auto, el magistrado basa su decisión en la complejidad de las distintas resoluciones judiciales que afectan a la parcela, así como aquellas otras que anulaban la licencia que amparaba su construcción.
Aunque su resolución no es firme porque se puede recurrir en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de 15 días, el magistrado acuerda abrir una pieza separada para la determinación de los perjuicios y la indemnización procedente.
La promoción objeto de estos litigios consta de 61 viviendas de protección oficial de régimen general ubicadas en Oreña, de ellas 50 pisos de 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina, con garaje, trastero y plaza de aparcamiento adjunta.
También se construyeron 11 chalets adosados, de 3 habitaciones en 3 plantas, con 3 baños, garaje y trastero y parcelas privadas de entre 30 y 70 metros.
En el centro de la promoción, se tenía previsto dotar a las viviendas de una zona deportiva con iluminación.
En los bajos de uno de los bloques estaba previsto un local de 180 metros cuadrados para ser ocupado por el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, que ubicaría en el inmueble un gran salón principal para la instalación de un centro social municipal.
Para ello, el pleno del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo aprobó a finales de 2008 un estudio de detalle de la parcela, aunque una empresa del sector promovió un contencioso contra este estudio de detalle presentado en junio de 2009 por la constructora, al incluir un tercer vial de nueva apertura que no se adaptaba a las normas subsidiarias.
Esta circunstancia ha derivado desde entonces en varias resoluciones judiciales, entre ellas una de 2014 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que confirmó la nulidad de la licencia para construir las viviendas, alguna de ellas ya habitadas.
Tras esas sentencia, la empresa inmobiliaria que inició la causa judicial, al no permitirle el Ayuntamiento construir en Cóbreces una urbanización similar, solicitó el derribo de las viviendas sociales objeto de esa resolución.
Por su parte, el alcalde de Alfoz, Enrique Bretones, en un comunicado, asegura que con el último auto del Juzgado de lo Contencioso "el Ayuntamiento ha conseguido terminar de regularizar varias sentencias de derribo que tenía el municipio, algo que era una herencia complicada".
Así, destaca que entre los edificios que se han regularizado estarían el Hotel Puerto Calderón y los chalets de Novales.
