La jueza desautoriza a la Guardia Civil en el caso DANA: “Informe erróneo y sin competencia”
Ruiz Tobarra acusa al informe de ser incompleto, erróneo y extralimitarse en sus funciones valorativas, pese a haberlo solicitado previamente
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, instructora del caso que investiga la tragedia por la DANA (depresión aislada en niveles altos) que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024, ha desautorizado públicamente el informe de la Guardia Civil en el que se responsabiliza a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por su supuesta pasividad durante las horas críticas del episodio.
Según recoge su auto judicial, la juez califica el documento como «erróneo», «incompleto» y con un «vicio de origen», argumentando que sus valoraciones exceden las competencias de la Policía Judicial. Considera que el informe debía limitarse a una cronología factual, y no emitir juicios sobre negligencias u omisiones de responsabilidad que, según la magistrada, competen exclusivamente al ámbito jurisdiccional.
Críticas a la Guardia Civil… tras pedir el informe
Paradójicamente, fue la propia Ruiz Tobarra quien solicitó el informe, lo que añade una nota de contradicción en su postura actual. Ahora argumenta que el análisis de posibles fallos o incumplimientos debía recaer únicamente en la instrucción judicial, y que la evaluación del Instituto Armado carece de validez tanto incriminatoria como exculpatoria.
En este contexto, ha rechazado la petición de la acusación popular (Liberum) de imputar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, por su presunta inacción en el control del caudal del barranco del Poyo, lugar epicentro de la tragedia.
El informe: falta de alerta en horas clave
El informe de la Guardia Civil, de más de 200 páginas, identifica una ventana crítica de más de dos horas y media —entre las 16:13 y las 18:43 del 29-O— en la que no se emitieron avisos sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo, a pesar de que se rebasaron los tres umbrales de alerta durante ese intervalo.
Asimismo, se apunta que la AEMET no alertó en tiempo real del episodio extremo. Para los agentes, se produjo una falta de control en el peor momento, lo que agravó las consecuencias del fenómeno meteorológico.
¿Quién tenía el control?
La juez, basándose en declaraciones periciales, como la del experto José María Gil Garré, aclara que la responsabilidad operativa en ese contexto correspondía al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, y no directamente a la CHJ. Añade además que “difícilmente se puede achacar a la Confederación ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos”.