La Generalitat se suma a la Fiscalía y pide prisión para el hermano de Ximo Puig
Francis Puig y su socio están acusados de simular gastos y emitir facturas falsas para inflar ayudas al fomento del valenciano
La Generalitat Valenciana ha solicitado formalmente cuatro años de prisión para Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del expresidente Ximo Puig, por su presunta implicación en un fraude continuado de subvenciones públicas entre 2015 y 2019. La petición, elevada por la Abogacía de la Generalitat, respalda el escrito de acusación de la Fiscalía, que también solicita la apertura de juicio oral por los delitos de falsedad documental continuada y estafa agravada.
Junto a Francis Puig está acusado Juan Enrique Adell Bover, su socio, como cooperador necesario. Ambos habrían diseñado un entramado empresarial para inflar gastos y obtener ayudas públicas destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación.
El esquema del fraude: autofacturación, facturas falsas y gastos simulados
Según el escrito remitido al Juzgado de Instrucción n.º 4 de Valencia, Puig y Adell utilizaron una red de sociedades vinculadas —algunas ficticias— para emitir facturas falsas, duplicadas, o no subvencionables, que presentaban como justificantes para aumentar la cuantía de las subvenciones recibidas.
Las prácticas ilícitas descritas incluyen:
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Autofacturación entre empresas relacionadas para inflar costes ficticios.
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Uso de contenidos no emitidos en valenciano o repetidos para justificar ayudas.
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Gastos personales y ajenos a la actividad subvencionada (como vehículos, merchandising e inventario).
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Compensaciones prohibidas por la normativa vigente en subvenciones autonómicas.
El objetivo: inflar artificialmente los gastos para obtener más dinero público del que correspondía legalmente.
Indemnizaciones reclamadas por Generalitat y Fiscalía
La Generalitat Valenciana, a través de su Abogacía, exige:
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Una indemnización directa de 58.866,69 euros a Francis Puig, como administrador de Masmut Produccions S.L.
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Una indemnización solidaria de 74.710,75 euros a ambos acusados, por facturación cruzada entre Masmut y Canal Maestrat.
Por su parte, la Fiscalía reclama además que Francis Puig indemnice con 51.825 euros a la Generalitat de Cataluña, también afectada por las prácticas fraudulentas.
El total del importe defraudado se eleva, según las acusaciones, a 110.691 euros en subvenciones malversadas entre 2015 y 2019.