La CHJ asume que desaguó los embalses de Valencia sin comunicarlo previamente a la población afectada
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha admitido, tras casi tres meses de silencio, que desaguó los embalses de la provincia de Valencia durante las fuertes lluvias que azotaron la región el pasado 29 de octubre. La decisión de abrir las presas, como la de Forata, que vierte directamente en el río Magro, resultó en un desbordamiento que afectó gravemente a municipios como Algemesí. Lo más alarmante de esta intervención es que el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica no informó a la población sobre los riesgos de estos desembalses.
En su informe reciente, la CHJ detalla las precipitaciones extremas que se produjeron entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, con un máximo histórico de 184,6 mm en una hora. El incremento del caudal en el río Magro causó que el embalse de Forata se llenara de manera vertiginosa. A las 08:30 horas del 29 de octubre, el volumen embalsado era de 5,46 hectómetros cúbicos (hm3), mientras que a las 21:00 horas alcanzó los 39,46 hm3. Ante esta situación, la CHJ se vio obligada a realizar un desembalse "controlado", según afirman, en varios de sus embalses, aunque no comunicaron estas acciones a la población afectada.
A pesar de la magnitud de los daños provocados por las riadas, la CHJ no emitió ningún aviso ni comunicado a los medios de comunicación sobre el desembalse. La Confederación Hidrográfica justifica su falta de notificación pública asegurando que las autoridades competentes, como el Gobierno de la Comunidad Valenciana y Protección Civil, fueron informadas a través de las Subdelegaciones de Gobierno de Valencia y Castellón, así como al CECOPI, que se encarga de la coordinación de emergencias en la región.
La ausencia de una comparecencia pública de representantes de la CHJ ante la Comisión de Estudio citada en el Ayuntamiento de Valencia, y la falta de información a la población, ha generado una creciente preocupación. La sociedad valenciana, que aún arrastra las secuelas de la riada que dejó 224 muertos, se siente frustrada por la falta de transparencia y el control absoluto de la CHJ sobre los embalses de la región.
El impacto en las comunidades afectadas
La apertura de las compuertas de Forata y otros embalses de la provincia sin aviso previo provocó el desbordamiento del río Magro, un cauce que atraviesa varios municipios, causando graves daños materiales y humanos. A pesar de las continuas peticiones de información, la CHJ ha mantenido un perfil bajo, lo que ha incrementado la indignación de las víctimas y de las autoridades locales.
El Gobierno ha hecho eco de las declaraciones de la CHJ, señalando que la información fue trasladada a las entidades de emergencia y a las autoridades locales; sin embargo, la oposición y los afectados critican que no se haya realizado un aviso preventivo a los ciudadanos. Este episodio ha puesto en evidencia la necesidad de mayor coordinación y transparencia en las decisiones de gestión de los recursos hídricos.
A medida que se van conociendo los detalles del desastre, la CHJ sigue sin asumir públicamente la responsabilidad por el desembalse y sus consecuencias. Si bien el informe revela que las decisiones de abrir las compuertas fueron "controladas", el hecho de que no se haya comunicado previamente a la población plantea interrogantes sobre los protocolos de seguridad y de prevención de catástrofes en situaciones de emergencia.
Este silencio también ha evidenciado la necesidad de revisar los procedimientos de comunicación institucional ante situaciones críticas. Los ciudadanos exigen responsabilidad por parte de los organismos encargados de la gestión del agua y piden explicaciones claras sobre cómo se va a evitar que eventos como el de la riada del 29 de octubre vuelvan a ocurrir sin que se informen adecuadamente a las personas que podrían verse afectadas.