Acorralado, el Gobierno de España admite que la alerta de la DANA llegó cuando ya había víctimas

El Gobierno ha admitido por primera vez que no se emitió ningún aviso a la población sobre el barranco del Poyo hasta que ya se habían producido víctimas mortales. Así lo ha revelado The Objective, citando la declaración ante la juez de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), quien ha descrito una gestión marcada por la descoordinación institucional, el retraso en la toma de decisiones y la falta de liderazgo operativo durante las horas críticas de la DANA del 29 de octubre.

Según el testimonio prestado en el juzgado de Catarroja, a las 19:00 horas del día del desastre no se había enviado aún ningún mensaje de alerta a la ciudadanía, a pesar de que la CHJ ya había activado el escenario 2 de emergencia en la presa de Forata y los técnicos pedían insistentemente que se avisara a la población.

Un fallo en cadena: desconexiones, retrasos y decisiones paralizadas

Polo relató que el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) —órgano encargado de la gestión de emergencias— se encontraba deliberando mientras la CHJ monitorizaba en tiempo real el aumento del caudal y pedía una actuación inmediata.

“No se estaban tomando decisiones. Se debatía si evacuar o no, mientras nosotros ya estábamos viendo el empeoramiento real de la situación”, afirmó Polo ante la magistrada.

Pese a que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) lanzó un aviso sobre el caudal del barranco del Poyo a las 18:43, este no se elevó a la ciudadanía hasta más de media hora después. El mensaje masivo de alerta (ES-Alert) no llegó a los teléfonos móviles hasta las 20:12, cuando ya se había confirmado la existencia de víctimas.

Polo explicó que a lo largo de la tarde del 29 de octubre se sucedieron reuniones técnicas dentro de la CHJ y contactos con alcaldes de los municipios más expuestos —Carlet, Albalat de la Ribera, Fortaleny— a quienes avisó directamente de las zonas de desbordamiento previstas. En todos los casos, los modelos hidráulicos anticiparon con precisión por dónde se producirían los desbordamientos.

“No entendía por qué no se tomaban decisiones. Nosotros no estábamos tan tranquilos”, declaró Polo, visiblemente crítico con la pasividad del órgano autonómico.

Además, durante una conexión con el Cecopi, Polo solicitó a la consejera de Emergencias que emitiera de inmediato un aviso instando a la población a refugiarse en pisos altos, propuesta que se retrasó inexplicablemente.

El testimonio del presidente de la CHJ sitúa la responsabilidad en el nivel autonómico, al afirmar que, pese a los avisos técnicos enviados desde su organismo, la Generalitat Valenciana no activó ninguna medida operativa relevante durante la fase más crítica del episodio. En palabras del propio Polo: “La alerta se emitió cuando las consecuencias ya eran irreversibles”.

Durante su declaración, Polo recordó que los mapas de inundabilidad ya disponibles preveían correctamente los efectos del caudal liberado desde Forata y el comportamiento del río Júcar. Aun así, la administración autonómica no ordenó evacuaciones ni alertas tempranas, y las desconexiones internas del Cecopi —según explicó Polo— contribuyeron a dejar a la ciudadanía desinformada durante horas clave.

Las consecuencias ya son conocidas: inundaciones graves, pérdidas humanas y una cadena de decisiones dilatadas que, en palabras del testigo, fueron insuficientes e ineficaces.