En plena Semana Santa, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mostrado por fin sus cartas en la causa contra los independentistas y ha decidido rebajar en un 62% la cuantía que hay que reclamar a los independentistas por los gastos ilegales del procés. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado que dirige la que fuera primera ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, se presenta finalmente demanda contra 35 dirigentes independentistas encabezados por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero por una cifra muy inferior a la que el Tribunal de Cuentas ordenó que depositaran como fianza.

En plena Semana Santa, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mostrado por fin sus cartas en la causa contra los independentistas y ha decidido rebajar en un 62% la cuantía que hay que reclamar a los independentistas por los gastos ilegales del procés. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado que dirige la que fuera primera ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, se presenta finalmente demanda contra 35 dirigentes independentistas encabezados por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero por una cifra muy inferior a la que el Tribunal de Cuentas ordenó que depositaran como fianza.

En cuanto a la llamada acción exterior, también rebaja a 2.2 millones, frente al importe de la liquidación provisional de 5,1 millones. Alega que la instrucción puso en cuestión la "libertad ideológica" de los independentistas y no cree que deban devolver dinero de viajes oficiales en los que miembros de la Generalitat se dedicaron a criticar al Estado y a promover apoyo a la secesión. "La demanda se centra en aquellos gastos de los que puede predicarse la incorreción contable, en los gastos en que incurrieron las delegaciones de la Generalitat en el exterior y en los gastos de la entidad DIPLOCAT tanto por algunas actividades de promoción del proceso soberanista como por otros gastos injustificados", señala el comunicado.

MÁS DE 1 MILLÓN POR EL 1-O

Según informa la Fiscalía General del Estado, la demanda fija en 1,2 millones la cantidad destinada a la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El Tribunal Supremo derivó al Tribunal de Cuentas la ejecución de la responsabilidad civil por los hechos que sentenció en 2018 y que supusieron condenas de sedición y malversación para exdirigentes catalanes como Oriol Junqueras.

Para calcular la presunta responsabilidad contable en la preparación de ese referéndum, la Fiscalía sólo se fija en los antiguos cargos condenados por el delito de malversación, es decir, Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, a quienes considera responsables solidarios.

La demanda también se dirige contra Carles Puigdemont "en atención a su condición de responsable máximo de la Generalitat", e incluye a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, también fugados, porque, según la sentencia del Supremo, "pusieron sus departamentos al servicio de actos nucleares de ejecución".

La Fiscalía excluye, sin embargo, al diputado de ERC Josep María Jove -ex alto cargo de la Conselleria de Economía y hombre de confianza de Junqueras- y al exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrías.

En esta parte de la demanda la Fiscalía excluye una serie de gastos, como los relativos al encargo por parte de la Generalitat a la empresa postal Unipost de cara al 1-O o el uso de locales públicos, que el Supremo excluyó de la sentencia al no poder determinar "el efectivo perjuicio que tal uso habría conllevado".

Por el contrario, sí recoge la partida destinada a la cartelería del referéndum: 61.879 euros.

2,2 MILLONES POR LA ACCIÓN EXTERIOR

La segunda parte de la demanda se centra en la acción exterior desplegada por la Generalitat y el Diplocat en favor del "procés", incluidos viajes de ex altos cargos o gastos de las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Según el comunicado de la Fiscalía, "la demanda afecta a presidentes y consejeros de las dos legislaturas y a personas que ocupaban escalones intermedios en los departamentos afectados".

Afirma el ministerio público que "la afectación a algunos de los responsables disminuye de manera considerable" respecto al importe que reclamó la instructora del Tribunal de Cuentas: 5,4 millones a una treintena de ex altos cargos como los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y el exvicepresidente Junqueras.EFE

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