La ZBE en Cantabria ya está en marcha: ¿quién puede entrar y quién queda fuera?

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Cantabria está generando un creciente debate social y político, con especial intensidad en Santander y Torrelavega, donde ciudadanos y comerciantes expresan su preocupación por el impacto económico y social de estas medidas.

En el caso de Santander, el Ayuntamiento ha establecido una Zona de Bajas Emisiones que comenzó a funcionar el 1 de enero, con un periodo de adaptación hasta el 28 de febrero. La ZBE afectará a los vehículos con etiqueta ambiental A, es decir, los diésel anteriores a 2006 y los de gasolina previos a 2001. El perímetro delimitado abarca 2,5 kilómetros en la zona del Ensanche, lo que supone aproximadamente el 0,6% de la superficie total de la ciudad.

La normativa contempla exenciones para residentes, trabajadores del área, personas con discapacidad y otros supuestos específicos. Aun así, la medida ha suscitado críticas por parte de vecinos y sectores económicos, que consideran que las restricciones pueden dificultar la actividad comercial y el acceso al centro urbano. El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha explicado que la ZBE será controlada mediante cámaras de entrada y salida, subrayando que el objetivo es mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible.

Sin embargo, entre los detractores existe la percepción de que estas zonas penalizan a quienes utilizan vehículos más antiguos, muchos de ellos por motivos económicos. Comerciantes y autónomos advierten de que las limitaciones de acceso pueden reducir la llegada de clientes, especialmente de personas procedentes de otras zonas de la región que dependen del vehículo privado para desplazarse.

La polémica también se extiende a Torrelavega, que ha implantado su propia ZBE al superar los 50.000 habitantes, umbral establecido por la normativa estatal. En esta ciudad, tradicionalmente un referente comercial comarcal, empresarios y comerciantes temen que las restricciones de tráfico afecten al flujo de visitantes y, en consecuencia, al tejido económico local. Algunos colectivos alertan de que una aplicación estricta de la ZBE podría tener efectos negativos en la actividad comercial del centro urbano.

Otro de los argumentos recurrentes entre los críticos es el posible impacto social de estas medidas. Señalan que las ZBE pueden generar una brecha económica, al limitar la movilidad de personas que no pueden asumir el coste de renovar su vehículo o adaptarse a las exigencias ambientales. Desde este punto de vista, consideran que las políticas de movilidad deberían ir acompañadas de alternativas reales y accesibles, como mejoras en el transporte público o ayudas específicas.

Por su parte, las administraciones locales defienden que las ZBE responden a obligaciones legales y compromisos ambientales, y que su implantación es necesaria para reducir la contaminación y cumplir los objetivos de sostenibilidad. No obstante, la contestación social ha dado lugar a movilizaciones y peticiones de revisión del modelo, con el objetivo de buscar soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente con la realidad económica y social de las ciudades cántabras.